El Concurso Público 01/2026 para intervenir en los sistemas y procedimientos de la Administración Tributaria Provincial vuelve a quedar bajo cuestionamiento. El contrato, que supera los $30.000 millones, contempla una profunda reingeniería del organismo, revisión de procedimientos, cambios en equipos de trabajo e integración de información con otros organismos. Las críticas advierten sobre el alcance que podría adquirir una empresa privada dentro de un área estratégica para la recaudación chaqueña.
La polémica alrededor de la millonaria contratación para transformar el funcionamiento de la Administración Tributaria Provincial (ATP) suma nuevos interrogantes a partir del análisis de las condiciones previstas para la consultora que resulte adjudicataria.
El Concurso Público 01/2026 impulsado durante la gestión de Leandro Zdero contempla una intervención integral sobre los sistemas y procesos tributarios provinciales.
Pero determinados puntos del pliego despertaron preocupación entre trabajadores y sectores que siguen el procedimiento, especialmente por el nivel de participación que tendría una empresa privada en la reorganización interna de un organismo que administra información fiscal y recursos estratégicos del Estado chaqueño.
El pliego habla de revisar procedimientos “sin restricciones”
Uno de los aspectos que genera mayor controversia es la denominada “reingeniería de procedimientos”.
Según los fragmentos del pliego difundidos, el trabajo incluye el “cuestionamiento del procedimiento actual en su totalidad, sin restricciones” y una “revisión y rediseño radical” de determinados circuitos.
También se establece que la consultora podrá analizar la documentación actualmente utilizada por la ATP y “validar o desechar” manuales, procedimientos escritos, instrucciones de trabajo, políticas y otros documentos vinculados al desarrollo de los circuitos internos.
Aquí existe una distinción importante: revisar o desechar manuales y procedimientos administrativos no equivale automáticamente a dejar sin efecto leyes o normas vigentes.
Una empresa privada no adquiere, por una contratación de consultoría, facultades legislativas para derogar leyes provinciales.
Sin embargo, el alcance de su intervención sobre procedimientos internos merece ser precisado, particularmente tratándose de la administración tributaria.
Podría proponer cambios normativos
Otro punto contempla la posibilidad de realizar una “proyección modificatoria” de normas.
Esto permitiría que la consultora formule propuestas de cambios normativos que considere necesarios para implementar el nuevo modelo.
Nuevamente, proponer una modificación no significa tener capacidad jurídica para aprobarla: cualquier cambio deberá seguir el procedimiento y ser autorizado por la autoridad competente según el rango de la norma involucrada.
Aun así, el hecho de que una empresa contratada tenga participación en el diseño de eventuales modificaciones del sistema tributario abre un debate sobre hasta dónde debería llegar una consultoría privada dentro de un organismo estatal de estas características.
Preocupación entre los trabajadores
El proyecto también prevé modificaciones en la organización de los equipos y una revisión integral de las tareas actualmente realizadas.
Entre las posibilidades contempladas aparecen la eliminación o combinación de actividades, incorporación de nuevas tecnologías e inteligencia artificial y cambios en la estructura de los equipos.
Es este apartado el que genera preocupación respecto del futuro laboral de los agentes de la ATP.
Sin embargo, tampoco puede afirmarse únicamente a partir de estas disposiciones que la empresa adjudicataria tendrá facultades directas para despedir trabajadores públicos.
La cuestión que deberá aclarar el Gobierno es qué capacidad efectiva tendrá la consultora para decidir reubicaciones o modificaciones de funciones y cuáles de esas decisiones permanecerán exclusivamente bajo responsabilidad de las autoridades provinciales.
Datos fiscales: otro punto especialmente sensible
La información constituye probablemente uno de los aspectos más delicados de toda la contratación.
El proyecto contempla integraciones entre sistemas de la ATP y organismos como Catastro y el Registro de la Propiedad.
Esto podría implicar el procesamiento de información tributaria y patrimonial de contribuyentes.
Por esa razón resulta fundamental conocer qué nivel de acceso tendrá el adjudicatario, qué datos podrá visualizar o procesar, cuáles serán los protocolos de seguridad, cómo se realizará la trazabilidad de los accesos y qué responsabilidades existirán ante una eventual filtración o utilización indebida.
Tener intervención tecnológica sobre sistemas tributarios no significa convertirse en propietario de esos datos, pero obliga al Estado a establecer controles especialmente rigurosos.
Una contratación superior a los $30.000 millones
La dimensión económica también alimenta la controversia.
Las propuestas conocidas para el servicio superan los $30.000 millones por un período de cuatro años, convirtiendo al procedimiento en una contratación de considerable magnitud para el Estado provincial.
Además, fuentes vinculadas al proceso denunciaron anteriormente que existirían relaciones entre algunas de las empresas oferentes y que una firma relacionada con el concurso habría participado del diagnóstico previo realizado sobre la ATP, por el cual se habría abonado aproximadamente $1.800 millones.
Estas afirmaciones requieren documentación y verificación administrativa para determinar si existió alguna incompatibilidad o ventaja indebida.
¿Es realmente una privatización de la ATP?
Por ahora, definir jurídicamente el proceso como una “privatización encubierta” sería adelantarse a lo que efectivamente establece y permite la contratación.
Pero los interrogantes planteados son relevantes.
Una cosa es contratar una empresa para modernizar software, digitalizar procesos y brindar asistencia técnica. Otra muy distinta sería transferirle capacidad efectiva de decisión sobre la recaudación, los contribuyentes, el personal o las potestades tributarias que corresponden al Estado.
Por eso, más allá de las acusaciones políticas, hay preguntas concretas que el Gobierno provincial debería despejar: ¿quién tendrá la última palabra sobre los procedimientos de la ATP?, ¿qué decisiones podrá tomar la consultora sobre los trabajadores?, ¿a qué información de los contribuyentes tendrá acceso?, ¿qué controles existirán sobre esos datos? y ¿qué atribuciones permanecerán exclusivamente en manos del Estado?
Las respuestas serán determinantes para establecer si estamos simplemente ante una contratación destinada a modernizar la ATP o frente a una tercerización mucho más profunda de uno de los organismos estratégicos de la provincia.
Diario Colonia Elisa – Informate Bien
