Trabajadores de la salud, pacientes y organizaciones sociales denunciaron recortes millonarios, falta de medicamentos y hospitales saturados. También advirtieron sobre el aumento de la mortalidad infantil y materna.
La crisis sanitaria volvió a ocupar el centro de la escena este miércoles con una masiva movilización nacional que reunió a trabajadores de la salud, sindicatos, médicos, pacientes y organizaciones sociales en rechazo a las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno de Javier Milei.
Bajo la consigna “La salud no puede esperar”, la Marcha Federal de la Salud recorrió las calles del microcentro porteño desde el Ministerio de Salud hasta Plaza de Mayo, mientras distintas provincias replicaban protestas y actividades similares.
El eje central del reclamo fue el fuerte recorte presupuestario que, según denunciaron los organizadores, ya provoca consecuencias visibles en hospitales públicos, programas sanitarios y atención médica en todo el país.
Uno de los datos que más preocupación generó durante la jornada fue la denuncia de un recorte cercano a los 63 mil millones de pesos en partidas sanitarias nacionales.
Según expresaron distintos sectores que participaron de la movilización, el ajuste impacta directamente en programas esenciales, medicamentos, vacunación, discapacidad y atención primaria.
Además, señalaron que el presupuesto destinado al PAMI habría sufrido una reducción cercana al 40%, situación que —afirman— repercute especialmente en jubilados y pacientes crónicos.
Otro de los puntos más cuestionados fue el deterioro del Programa Remediar, encargado de distribuir medicamentos gratuitos en centros de salud de todo el país.
Desde las organizaciones denunciaron que la entrega de botiquines esenciales se redujo drásticamente, afectando principalmente a sectores vulnerables que dependen exclusivamente del sistema público.
En paralelo, médicos y trabajadores sanitarios alertaron sobre una creciente saturación hospitalaria.
Según remarcaron en el documento leído al finalizar la movilización, muchos hospitales públicos ya presentan niveles de ocupación cercanos al 90% incluso antes de la llegada del invierno, período en el que históricamente aumenta la demanda sanitaria.
También advirtieron sobre el incremento de enfermedades prevenibles, mayores internaciones por patologías crónicas y un deterioro en indicadores sensibles como la mortalidad infantil y materna.
La protesta contó además con el respaldo de sectores políticos y funcionarios provinciales que cuestionan el rumbo económico y sanitario del Gobierno nacional.
Mientras tanto, desde los gremios y organizaciones aseguraron que continuarán impulsando medidas de visibilización y reclamos federales para exigir mayor presupuesto y mejores condiciones para el sistema de salud pública.
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