Una docente de Sáenz Peña presentó una denuncia penal que sacude a la comunidad educativa de Pampa Aguado. La acusación apunta contra directivos de una escuela secundaria por presuntas maniobras fraudulentas, irregularidades administrativas y violencia laboral.
Un fuerte escándalo educativo estalló en las últimas horas en la provincia del Chaco luego de que una docente denunciara una presunta trama de corrupción, irregularidades administrativas y violencia laboral dentro de la Escuela de Educación Secundaria N° 191 “Dora A. Ballesta”, ubicada en la zona rural de Pampa Aguado, cerca de Sáenz Peña.
La presentación judicial fue realizada por Nancy Rosana Palamarczuk, docente con más de una década de antigüedad en la institución, quien decidió acudir a la Justicia tras denunciar un clima de hostigamiento y situaciones que —según sostiene— perjudican gravemente el funcionamiento de la escuela pública.
La causa apunta directamente contra integrantes del equipo directivo y administrativo del establecimiento educativo.
Según consta en la denuncia, la docente asegura haber detectado presuntas maniobras vinculadas a la existencia de “alumnos fantasmas”, es decir, estudiantes que figuraban oficialmente dentro de la matrícula escolar pero que nunca habrían asistido a clases.
De acuerdo a la acusación, estas irregularidades habrían permitido inflar artificialmente la cantidad de alumnos para obtener mayores recursos estatales, partidas presupuestarias y equipamiento para la institución.
La denuncia también expone supuestas designaciones irregulares de personal.
Entre los casos mencionados aparece el nombramiento de personas que —según la presentación judicial— no contarían con título habilitante ni inscripción correspondiente en Junta de Clasificación, pese a percibir salarios y desempeñarse en distintas áreas educativas.
Pero el conflicto no termina allí.
La docente denunciante aseguró además haber sufrido un fuerte hostigamiento laboral durante el período en el que debió asumir funciones administrativas de manera temporal dentro de la escuela.
Según relató, atravesó situaciones de persecución, violencia verbal y amenazas vinculadas a su continuidad laboral, hechos que —afirma— terminaron afectando gravemente su salud física y emocional.
Incluso, sostuvo que debió ser hospitalizada tras sufrir una severa crisis hipertensiva y actualmente continúa bajo tratamiento médico y psicológico.
Uno de los puntos que más polémica genera dentro de la causa es la decisión administrativa posterior.
Si bien inicialmente se habrían dispuesto medidas preventivas sobre algunas autoridades escolares, posteriormente las directivas fueron restituidas en sus cargos mediante una resolución oficial, situación que despertó nuevas críticas y sospechas dentro de la denunciante.
La docente sostiene que, tras esa restitución, comenzaron a desaparecer documentos y elementos vinculados a la investigación interna.
Ahora, el caso quedó bajo análisis judicial mientras crece la preocupación en la comunidad educativa por la gravedad de las acusaciones y las posibles derivaciones administrativas y penales.
El expediente podría abrir una fuerte discusión sobre los controles dentro del sistema educativo provincial y el manejo de recursos públicos en establecimientos escolares rurales.
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