El proyecto ya ingresó al Congreso y plantea un reempadronamiento obligatorio, cambios en las pensiones y restricciones laborales. Organizaciones y familias convocan a marchar este miércoles frente al Ministerio de Salud.
El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley que introduce modificaciones profundas en el sistema de discapacidad en Argentina y desató una fuerte polémica en distintos sectores.
La iniciativa, titulada “Contra el fraude de pensiones por invalidez”, ingresó por el Senado y propone un reordenamiento integral del sistema. Uno de los puntos centrales es el reempadronamiento obligatorio de todas las personas que reciben pensiones por discapacidad. Para mantener el beneficio, deberán volver a acreditar su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales.
Además, la información será sometida a controles mediante cruces de datos con organismos como ANSES, ARCA y SINTyS. En casos considerados “dudosos”, las pensiones podrán ser suspendidas de manera preventiva.
Otro aspecto clave del proyecto es la modificación del financiamiento. La pensión no contributiva quedaría fijada en el 70% del haber mínimo jubilatorio, eliminando la posibilidad de aplicar adicionales por invalidez laboral o zonas desfavorables. También se plantea un cambio en la actualización de prestaciones, que pasaría de ser mensual a trimestral.
En paralelo, el texto propone la derogación de artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad (N° 27.793), lo que implicaría que el Estado deje de estar obligado a sostener algunas medidas vigentes.
Uno de los puntos más cuestionados es la incompatibilidad total entre pensión y trabajo formal. De aprobarse, las personas con discapacidad que tengan empleo registrado perderían automáticamente el beneficio. A esto se suma la eliminación de programas de inclusión laboral y estímulos para empresas.
El proyecto también habilita acuerdos entre Nación, provincias y la Ciudad de Buenos Aires para la administración de fondos, lo que podría modificar el esquema actual de prestaciones y su regulación.
Las propuestas generaron un fuerte rechazo en organizaciones, familias y referentes del sector, que advierten sobre un posible retroceso en derechos. En este contexto, se convocó a una movilización este miércoles a las 11 frente al Ministerio de Salud bajo la consigna: “La discapacidad no puede esperar”.
📌 El debate recién comienza en el Congreso, pero ya impacta de lleno en la agenda pública y social.
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