El jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, reconoció que existió un “exceso en el uso de la fuerza” durante un procedimiento en Villa Ángela que quedó registrado en un video y se viralizó en redes sociales. Los efectivos involucrados fueron apartados preventivamente y se inició una investigación administrativa. El episodio vuelve a poner bajo discusión los mecanismos de control, capacitación y conducción de la fuerza de seguridad provincial.
Un nuevo episodio protagonizado por integrantes de la Policía del Chaco generó fuertes cuestionamientos después de que imágenes registradas en Villa Ángela comenzaran a circular masivamente por las redes sociales.
En el video se observa un procedimiento policial durante el cual un hombre recibe golpes y patadas mientras se encuentra en el suelo.
La gravedad de las imágenes provocó la intervención de las autoridades provinciales y derivó en medidas contra los policías involucrados.
El propio jefe de la fuerza, Fernando Romero, reconoció públicamente que durante el procedimiento existió un “exceso en el uso de la fuerza”.
Los policías fueron apartados y se abrió una investigación
Tras conocerse las imágenes, se dispusieron medidas preventivas contra los agentes involucrados, incluyendo la separación del servicio con retención de haberes mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes.
El caso quedó además bajo análisis del Órgano de Control Institucional, que deberá establecer las responsabilidades individuales y determinar si la actuación de los efectivos violó los protocolos policiales y la normativa vigente.
Que los agentes hayan sido apartados no significa que exista todavía una determinación definitiva de responsabilidad. Eso deberá surgir de las investigaciones administrativas y, si corresponde, judiciales.
Pero las imágenes abrieron inevitablemente un interrogante sobre los límites en el uso de la fuerza.
Romero admitió un “exceso”
La declaración del jefe policial resulta particularmente relevante porque reconoce que la intervención observada en las imágenes excedió, según su evaluación inicial, los parámetros que deberían regir una actuación policial.
La fuerza puede utilizar medios coercitivos cuando una situación lo requiere, pero estos deben responder a criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
Una vez controlada una persona, cualquier utilización adicional e injustificada de violencia puede derivar en responsabilidades disciplinarias e incluso penales.
Precisamente eso es lo que deberá determinarse en este caso.
El episodio vuelve a poner la conducción policial bajo la lupa
Lo ocurrido en Villa Ángela también traslada la discusión desde la conducta individual de los efectivos hacia una cuestión más amplia: qué mecanismos existen para prevenir abusos y controlar la actuación policial en Chaco.
En los últimos años se conocieron distintos episodios que derivaron en investigaciones administrativas o judiciales contra integrantes de la fuerza.
Sin embargo, sería necesario analizar cada expediente y contar con datos oficiales consolidados antes de concluir que todos esos casos responden a una única causa o que existe un incremento estadísticamente comprobado de la violencia policial.
Lo que sí resulta indiscutible es que cada nuevo episodio exige respuestas institucionales, especialmente cuando existen registros audiovisuales que permiten analizar cómo se desarrolló una intervención.
La responsabilidad política también entra en discusión
El Gobierno de Leandro Zdero hizo de la seguridad uno de los ejes centrales de su gestión y el gobernador utilizó reiteradamente la expresión “policía con olor a comisaría” para describir el modelo de fuerza que pretende impulsar.
Por eso, episodios como el ocurrido en Villa Ángela no solamente afectan a los agentes directamente involucrados.
También colocan bajo evaluación la política del Ministerio de Seguridad, conducido por Hugo Matkovich, y la propia conducción de la Policía provincial.
La discusión no debería limitarse a sancionar a un efectivo después de que un video se viraliza.
También corresponde preguntarse qué capacitación reciben los agentes sobre uso proporcional de la fuerza, cómo funcionan los controles internos, qué seguimiento se realiza de los procedimientos y qué mecanismos permiten detectar conductas irregulares antes de que terminen convirtiéndose en hechos graves.
Seguridad y respeto a la ley no son conceptos opuestos
Una política firme contra el delito no requiere tolerar excesos policiales.
Por el contrario, una fuerza profesional necesita autoridad para intervenir cuando corresponde, pero también reglas claras y controles efectivos para impedir abusos.
El propio Gobierno provincial sostuvo anteriormente que “el uniforme policial no otorga privilegios ni impunidad” y aseguró que no se encubrirán conductas irregulares.
Ahora será necesario observar cómo avanza la investigación sobre lo ocurrido en Villa Ángela y qué decisiones se adoptan una vez determinadas las responsabilidades.
El episodio deja una discusión que excede a los policías que aparecen en las imágenes: si la seguridad constituye una prioridad para el Gobierno provincial, también debe serlo garantizar que quienes tienen la responsabilidad de hacer cumplir la ley actúen dentro de ella.
Diario Colonia Elisa – Informate Bien
