Una investigación científica publicada en Nature Sustainability analizó 15 años de políticas forestales en la provincia y detectó seis mecanismos que habrían permitido reducir o eludir niveles de protección establecidos por la Ley Nacional de Bosques. El trabajo señala que la actualización del ordenamiento territorial realizada durante la gestión de Leandro Zdero excluyó de estrictos controles unas 270.000 hectáreas previamente desmontadas de manera ilegal y redujo la protección sobre otras 220.000.
La política forestal del Chaco quedó bajo una fuerte lupa internacional después de la publicación de una investigación en una de las revistas científicas más reconocidas del mundo.
El estudio, titulado Subnational mechanisms undermine transnational anti-deforestation policies, fue publicado el 4 de agosto de 2026 en Nature Sustainability y elaborado por los investigadores Matías E. Mastrangelo, Sebastián Aguiar y Vera Krause.
Investigación original publicada en Nature Sustainability
El trabajo no analiza únicamente la actual administración de Leandro Zdero: estudia la implementación de las normas de protección forestal chaqueñas entre 2009 y 2024, atravesando diferentes gobiernos provinciales.
Precisamente por eso, sus conclusiones plantean un problema que excede a una sola gestión.
Seis mecanismos bajo investigación científica
Los investigadores analizaron 15.042 permisos georreferenciados de utilización de bosques y 127.632 guías de transporte de madera emitidas entre 2009 y 2024.
A partir de esa información identificaron seis mecanismos mediante los cuales actores públicos y privados habrían flexibilizado el ordenamiento forestal provincial, ampliando las superficies donde podían desarrollarse actividades agrícolas o forestales bajo condiciones de legalidad.
El estudio advierte que este tipo de mecanismos puede debilitar incluso las políticas internacionales destinadas a combatir la deforestación.
El punto que alcanza directamente a la gestión Zdero
Uno de los aspectos más sensibles corresponde a la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos realizada en 2024.
De acuerdo con los investigadores, la modificación excluyó de estrictos controles aproximadamente 270.000 hectáreas que habían sido desmontadas ilegalmente durante años anteriores.
Además, otras 220.000 hectáreas redujeron su nivel de protección.
Es decir, las cifras involucradas en ambas modificaciones alcanzan aproximadamente las 490.000 hectáreas.
Aquí es importante hacer una distinción: el estudio no afirma que Zdero haya desmontado personalmente esas 270.000 hectáreas ni que toda esa deforestación haya ocurrido durante su administración.
Por el contrario, la investigación analiza un proceso desarrollado durante distintos gobiernos desde 2009.
Lo que sí coloca directamente bajo discusión a la actual gestión es la actualización del mapa forestal realizada en 2024 y el tratamiento otorgado a superficies que ya habían sido desmontadas ilegalmente.
El 55% de la madera extraída en 2024 habría provenido de desmontes ilegales
La investigación presenta otro dato particularmente fuerte.
Según el análisis difundido por los investigadores, durante 2024 el 55% de la madera extraída en Chaco habría provenido de desmontes ilegales mediante un mecanismo de autorizaciones especiales que permitía incorporar esa madera al circuito comercial.
El trabajo también detectó problemas en determinados permisos forestales.
Entre el 16% y el 28% de los permisos analizados habrían autorizado extracciones de entre dos y tres veces la cantidad de madera considerada sostenible, según explicó Mastrangelo al detallar los resultados de la investigación.
Multas que no alcanzarían para desalentar el desmonte
Otro aspecto cuestionado es la efectividad económica de las sanciones.
Los investigadores analizaron la relación entre las multas y los beneficios obtenidos mediante la explotación forestal y concluyeron que, en determinadas circunstancias, las sanciones podían resultar insuficientes para desalentar económicamente una infracción.
Un ejemplo presentado para 2024 indica que la comercialización del quebracho colorado podía permitir afrontar la multa y conservar todavía una ganancia estimada de 126,5 dólares por hectárea.
Esto transforma la discusión: si incumplir una norma continúa siendo económicamente rentable después de pagar la sanción, la multa pierde buena parte de su capacidad preventiva.
Un problema que atravesó diferentes gobiernos
Este punto resulta central para evitar una interpretación partidaria simplificada del estudio.
La investigación científica abarca el período 2009-2024 y sostiene que los mecanismos detectados fueron desarrollándose durante sucesivas administraciones provinciales.
Por eso, sería incorrecto presentar toda la deforestación analizada como consecuencia exclusiva del actual gobierno.
Sin embargo, tampoco puede ignorarse que una de las decisiones examinadas corresponde específicamente a 2024, cuando Zdero ya estaba al frente del Ejecutivo chaqueño.
El debate sobre su responsabilidad política se concentra principalmente allí: en la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y en sus consecuencias sobre superficies previamente desmontadas y áreas que cambiaron su categoría de protección.
Europa agrega otra dimensión al problema
La investigación también advierte sobre las consecuencias comerciales que estas prácticas podrían tener frente a las nuevas exigencias internacionales.
El reglamento de la Unión Europea contra la deforestación exige condiciones específicas para determinados productos que ingresan a ese mercado y busca impedir que el consumo europeo esté asociado con la pérdida de bosques.
Los autores sostienen que limitar las exigencias únicamente al cumplimiento formal de las leyes del lugar de origen puede resultar insuficiente cuando existen mecanismos locales capaces de flexibilizar posteriormente esas mismas normas.
Por eso proponen avanzar hacia estándares que contemplen la “deforestación bruta cero”, independientemente de posteriores cambios regulatorios.
Una investigación que obliga a discutir la política forestal chaqueña
El trabajo publicado en Nature Sustainability aporta evidencia científica a una controversia que Chaco arrastra desde hace años.
No responsabiliza exclusivamente a Zdero por 15 años de desmontes ni convierte automáticamente decisiones administrativas en delitos.
Pero sí documenta mecanismos mediante los cuales se debilitó la protección forestal provincial y pone particularmente bajo análisis una decisión tomada durante 2024.
Las aproximadamente 270.000 hectáreas previamente desmontadas ilegalmente que quedaron fuera de estrictos controles y las otras 220.000 cuya protección fue reducida colocan a la actual administración dentro de una discusión ambiental que ya trascendió las fronteras del Chaco.
Y el interrogante que deja la investigación es profundo: si después de un desmonte ilegal el territorio puede terminar recategorizado o incorporado a un nuevo esquema regulatorio, ¿qué capacidad real tiene la legislación para impedir que el bosque desaparezca?
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