La Cámara de Diputados del Chaco aprobó este miércoles el proyecto impulsado por el Gobierno provincial para incorporar la reiterancia como criterio dentro del régimen de prisión preventiva. Durante el debate, la diputada provincial Analía Flores decidió abstenerse y cuestionó que una problemática compleja como la inseguridad pueda abordarse únicamente mediante el endurecimiento de las herramientas penales.
La legisladora sostuvo que la discusión debe incluir la demanda de mayor seguridad y los derechos de las víctimas, pero también políticas de prevención, educación, empleo, vivienda, salud mental, abordaje de consumos problemáticos y oportunidades para los jóvenes.
“Frente a un problema tan serio como la inseguridad, nuestra responsabilidad es dar respuestas reales y no simplificar una problemática profundamente compleja”, expresó durante su intervención.
“Las víctimas tienen derecho a reclamar respuestas”
Flores aclaró que su abstención no significa desconocer el reclamo de quienes sufrieron delitos ni cuestionar que las personas que delinquen deban responder ante la Justicia.
“Nadie sostiene que quien delinque no deba responder por sus actos. Las víctimas y sus familias tienen derecho a reclamar respuestas, una Justicia eficiente y un Estado que actúe”, manifestó.
Sin embargo, planteó que la responsabilidad de los legisladores también consiste en analizar si las modificaciones legales propuestas tendrán efectivamente los resultados que se anuncian.
Para Flores, aumentar las posibilidades de disponer una prisión preventiva no alcanza por sí solo para resolver el problema de la inseguridad.
Cuestionó el tratamiento del proyecto
Otro de los puntos señalados por la diputada estuvo relacionado con el proceso previo a la votación.
Según explicó, durante el análisis en comisión fueron solicitadas nueve opiniones a organismos y especialistas, pero al momento de tratarse la iniciativa solamente se habían recibido cuatro respuestas.
“Quienes respondieron sostienen que no es este proyecto el que vendrá a resolver lo que se pretende resolver. Simplificar lo complejo también es una decisión política”, afirmó.
También mencionó las observaciones formuladas por el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y sostuvo que los cuestionamientos a la iniciativa no provienen exclusivamente de sectores políticos opositores.
¿Qué pasa antes de que una persona llegue al delito?
Flores llevó además la discusión hacia las políticas preventivas y reclamó analizar qué herramientas está implementando el Estado antes de que se produzcan los delitos.
“La inseguridad no empieza ni termina en una prisión preventiva. Tenemos que discutir qué estamos haciendo en educación, trabajo, vivienda, salud mental, consumos problemáticos y generación de oportunidades, especialmente para nuestros jóvenes”, sostuvo.
Desde esa perspectiva, planteó la necesidad de una política de seguridad integral que contemple tanto la respuesta frente al delito como las condiciones sociales y las herramientas de prevención.
“No podemos permitirnos ningún circo cuando de personas se trata”, manifestó durante su intervención.
“No podemos legislar con agenda mediática”
Al fundamentar finalmente su abstención, Flores sostuvo que las decisiones legislativas en materia penal tienen consecuencias concretas y, por lo tanto, requieren un análisis profundo.
“Cuando nos sentamos en nuestras bancas estamos tomando decisiones que influyen en la vida de cada ciudadano y en el conjunto de la sociedad. No podemos legislar con agenda mediática. Tenemos que legislar con responsabilidad y con la conciencia de las consecuencias de nuestras decisiones”, concluyó.
Con la aprobación del proyecto, el Gobierno provincial consiguió avanzar con una de sus iniciativas vinculadas a la política de seguridad, aunque el debate dejó expuestas diferencias respecto de si el endurecimiento de las condiciones para la prisión preventiva constituye una respuesta suficiente frente al delito.
Diario Colonia Elisa – Informate Bien
