La Justicia recibió una nueva denuncia penal que apunta contra funcionarios nacionales, empresarios y empresas vinculadas a la futura licitación de la Hidrovía. Hablan de direccionamiento, pérdida de control estatal y un presunto perjuicio multimillonario para la Argentina.
La pelea por uno de los negocios más importantes y millonarios del país ya llegó nuevamente a Comodoro Py y amenaza con transformarse en otro fuerte frente de conflicto para el gobierno de Javier Milei.
Una nueva denuncia penal presentada en la Justicia federal pone bajo sospecha el proceso de licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, el principal corredor fluvial por donde sale gran parte de la producción argentina hacia el mundo.
La presentación fue realizada por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático y menciona directamente a funcionarios cercanos al núcleo del poder libertario, empresarios y compañías ligadas al dragado del río Paraná.
Entre los nombres apuntados aparecen Santiago Caputo, Luis Caputo, el titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, además de empresarios y empresas vinculadas históricamente al negocio de la Hidrovía.
Según la denuncia, existiría una presunta maniobra para direccionar la futura concesión y favorecer a una empresa que actualmente ya opera sobre el Paraná.
Los denunciantes sostienen que el pliego habría sido diseñado con requisitos técnicos extremadamente específicos que dejarían prácticamente afuera al resto de las compañías interesadas, garantizando así un único oferente.
Uno de los puntos más cuestionados es la exigencia inmediata de un calado de 44 pies, algo que —según la presentación judicial— solamente podría cumplir la empresa que hoy ya tiene dragas y logística funcionando en el río.
Pero el escándalo no termina ahí.
La denuncia también advierte sobre el posible regreso de un esquema privado de recaudación de peajes en la Hidrovía, lo que implicaría que el futuro concesionario vuelva a manejar directamente ingresos multimillonarios vinculados al comercio exterior argentino.
Para los denunciantes, eso significaría una pérdida de control estratégico por parte del Estado sobre uno de los principales canales económicos del país.
En la presentación judicial incluso se habla de reuniones informales, desplazamiento de técnicos y posibles maniobras administrativas orientadas a favorecer determinados intereses privados dentro del futuro esquema de concesión.
“El Estado pierde soberanía económica sobre el principal canal de salida de nuestras riquezas”, sostiene uno de los tramos más duros de la denuncia.
Además, se solicitó una medida cautelar urgente para frenar el avance de la licitación hasta que se auditen completamente los pliegos y las condiciones del proceso.
La causa se suma a otra investigación ya iniciada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y vuelve a colocar a la Hidrovía en el centro del debate político y económico nacional.
Mientras tanto, el gobierno nacional sigue defendiendo el proceso y sostiene que busca modernizar y hacer más eficiente el sistema de navegación y dragado del Paraná.
Pero del otro lado crecen las sospechas, las denuncias y las preguntas sobre quién terminará manejando uno de los negocios más sensibles y multimillonarios de la Argentina.
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