La Red de Juezas y Jueces Penales cuestionó la suspensión de Gustavo Lineras y advirtió sobre riesgos para la independencia judicial
La entidad nacional expresó su preocupación por la suspensión preventiva del magistrado chaqueño y sostuvo que los desacuerdos con resoluciones judiciales deben resolverse por las vías procesales correspondientes y no mediante sanciones disciplinarias.
La Red de Juezas y Jueces Penales de la República Argentina manifestó su preocupación por la suspensión preventiva del juez chaqueño Gustavo Rodolfo Lineras, dispuesta mediante la Resolución N.º 394 del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia del Chaco.
A través de un comunicado difundido este 22 de junio, la entidad advirtió que resulta especialmente preocupante que el ejercicio de la función jurisdiccional pueda derivar en mecanismos disciplinarios cuando lo que se encuentra en discusión es, esencialmente, el contenido de una decisión judicial.
Cuestionamientos a la acusación
Según expuso la organización, los antecedentes públicos indican que la acusación contra Lineras se originó a partir de diferencias respecto de una sentencia dictada en el marco de una acción de hábeas corpus preventivo.
En ese sentido, remarcaron que el hábeas corpus constituye una de las principales herramientas para garantizar la libertad personal y controlar judicialmente posibles afectaciones de derechos por parte del Estado.
Para la Red, cualquier sanción disciplinaria basada únicamente en el criterio adoptado por un magistrado representa un retroceso en materia de garantías constitucionales.
«La independencia judicial es una garantía de la ciudadanía»
El documento sostiene además que las decisiones judiciales cuentan con mecanismos específicos de revisión previstos por el ordenamiento jurídico y que utilizar procesos disciplinarios como una vía paralela para cuestionarlas puede comprometer seriamente la independencia judicial.
La entidad recordó que los estándares nacionales e internacionales exigen fundamentos especialmente sólidos cuando se pretende responsabilizar a jueces por el contenido de sus fallos, requiriendo la acreditación de circunstancias excepcionales como abuso de poder, parcialidad manifiesta o incumplimientos graves de los deberes funcionales.
Asimismo, consideró que la suspensión preventiva de un magistrado constituye una medida de gran impacto institucional que debe estar respaldada por elementos objetivos, verificables y una motivación reforzada.
Alerta por el impacto institucional
Finalmente, la Red de Juezas y Jueces Penales advirtió que este tipo de decisiones pueden generar un efecto disuasorio sobre el conjunto de la magistratura y afectar la capacidad de los jueces para ejercer con independencia el control de legalidad y la protección de los derechos fundamentales.
«La independencia judicial no constituye un privilegio de quienes integran el Poder Judicial; es una garantía de la ciudadanía», señalaron.
El comunicado concluye reafirmando que la independencia judicial se ve afectada cuando la interpretación del derecho se convierte en motivo de persecución o sanción disciplinaria.
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