El Juzgado Civil y Comercial de General José de San Martín dictó una medida cautelar que impide modificar la situación de las viviendas ya adjudicadas en un complejo habitacional. La resolución judicial ordena mantener el estado actual mientras continúa el proceso de fondo.
🚨 Medida cautelar contra cambios en las adjudicaciones
Un fallo judicial generó repercusiones en torno al plan habitacional de 238 viviendas en General José de San Martín.
El juez Julián Flores resolvió hacer lugar a una medida cautelar de no innovar solicitada por adjudicatarios de las viviendas, ordenando que no se realicen modificaciones sobre las adjudicaciones existentes mientras avanza la causa judicial.
La resolución alcanza al Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda y busca preservar la situación actual hasta que exista una sentencia definitiva.
🏡 El reclamo de las familias adjudicatarias
La presentación judicial fue impulsada por personas que afirman haber resultado adjudicatarias de viviendas durante el proceso realizado en 2023.
Entre los demandantes figuran familias que argumentaron situaciones de vulnerabilidad social, problemas de salud y necesidades habitacionales urgentes.
Según sostienen, las adjudicaciones habían sido formalizadas en su momento mediante mecanismos acordados entre organismos provinciales y autoridades municipales.
📌 Qué establece la resolución judicial
La medida cautelar ordena mantener el estado de situación existente respecto de las viviendas en disputa.
Además, impide la realización de nuevos sorteos, adjudicaciones o actos administrativos que puedan modificar los derechos reclamados por los demandantes mientras la Justicia analiza el fondo de la cuestión.
La causa continuará su trámite judicial hasta que se dicte una resolución definitiva.
🗣️ Debate político por las adjudicaciones
El caso también generó repercusiones políticas.
El ex presidente del organismo habitacional provincial, Diego Arévalo, sostuvo públicamente que las adjudicaciones cuestionadas surgieron de acuerdos previamente celebrados entre el municipio y el instituto provincial.
Por otra parte, sectores vinculados al actual gobierno provincial sostienen la necesidad de revisar determinados procesos de adjudicación realizados durante gestiones anteriores.
La controversia quedó ahora bajo análisis judicial.
⚖️ Una causa que sigue abierta
Si bien la cautelar representa un paso importante para los adjudicatarios que promovieron la acción judicial, el conflicto todavía no está resuelto de manera definitiva.
La Justicia deberá determinar en las próximas etapas del expediente la validez de los procedimientos realizados y los derechos que corresponden a cada una de las partes involucradas.
Hasta entonces, las adjudicaciones cuestionadas permanecerán protegidas por la medida cautelar.
💬 La resolución judicial abrió un nuevo capítulo en el debate sobre las políticas habitacionales y los mecanismos de adjudicación de viviendas en la provincia.
¿Creés que los procesos de adjudicación deberían revisarse cuando cambia una gestión de gobierno o respetarse tal como fueron otorgados?
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