Un diputado clave del gobierno de Leandro Zdero reconoció públicamente el impacto del caso de la falsa médica que trabajó en hospitales públicos chaqueños. La polémica crece por la falta de controles y las responsabilidades políticas.
El escándalo de la falsa médica que durante meses atendió pacientes en hospitales públicos del Chaco sumó un nuevo capítulo político que golpea directamente al gobierno provincial.
Esta vez, quien reconoció públicamente la gravedad institucional del caso fue el diputado oficialista Jorge “Pato” Gómez, uno de los hombres de mayor confianza del gobernador Leandro Zdero dentro del esquema político y judicial chaqueño.
“Esto es gravísimo”, afirmó el legislador durante una entrevista radial, en referencia a la causa que involucra a Lidia Mabel Ojeda, la mujer acusada de ejercer ilegalmente la medicina y firmar incluso actas de defunción en el sistema sanitario provincial.
Las declaraciones generaron fuerte repercusión porque llegan desde el propio oficialismo, que hasta ahora había intentado minimizar el impacto político del caso.
Gómez admitió además que el episodio produjo un fuerte deterioro en la confianza pública hacia el sistema sanitario chaqueño.
“Lo más grave es la pérdida de confianza en el sistema de salud”, sostuvo el diputado, quien además reconoció que el Estado provincial deberá asumir responsabilidades por lo ocurrido.
La causa ya había generado conmoción luego de conocerse que la mujer logró desempeñarse durante meses en distintos hospitales públicos sin que se detectaran irregularidades en sus credenciales profesionales.
Según trascendió, la acusada habría firmado al menos diez certificados de defunción y atendido pacientes durante más de un año antes de que el caso explotara públicamente.
El escándalo también dejó expuesta una fuerte interna dentro del sistema sanitario provincial y del propio gobierno.
Mientras algunos funcionarios fueron desplazados tras el estallido mediático, continúan las críticas por la falta de controles básicos y por las responsabilidades políticas que todavía no fueron esclarecidas.
Incluso el exdirector de la Región Sanitaria II, Orlando Di Núbila, había apuntado contra sectores del propio gobierno y ratificado ante la Justicia la gravedad de las irregularidades detectadas.
Ahora, las declaraciones del propio oficialismo vuelven a poner el foco sobre la administración provincial y sobre el funcionamiento de los mecanismos de control dentro del sistema de salud pública.
El caso ya no genera solamente preocupación sanitaria.
También abre un fuerte debate político e institucional sobre las responsabilidades del Estado y la seguridad de los pacientes chaqueños.
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