El caso de femicidio policial Chaco sumó un dato gravísimo: la propia conducción policial reconoció que el agresor había recuperado su arma reglamentaria pese a contar con antecedentes sensibles vinculados a violencia y salud mental.

El jefe de la Policía confirmó que el efectivo tuvo licencia psiquiátrica y denuncias previas.
La Justicia investiga si hubo premeditación y fallas internas de control.

El doble crimen que terminó con la vida de Graciela Mabel López y Luciano Etudie volvió a poner bajo la lupa los controles internos de la Policía del Chaco.

El autor del hecho, un efectivo policial, portaba su arma reglamentaria al momento del ataque, pese a que había tenido licencia psiquiátrica y antecedentes por violencia de género.

El dato fue confirmado públicamente por el jefe de la fuerza, comisario general Fernando Romero, quien admitió que existe una investigación interna abierta.

Según explicó Romero, el efectivo había estado bajo tratamiento y seguimiento del área de medicina laboral. Luego de estudios médicos, recibió el alta definitiva, lo que habría habilitado nuevamente la portación de su pistola calibre 9 milímetros.

El jefe policial sostuvo que, desde el punto de vista administrativo, el agente estaba en condiciones de portar el arma.

Sin embargo, el desenlace expone una pregunta central: si existían antecedentes de violencia y atención psiquiátrica, ¿qué controles reales se aplicaron antes de devolverle el arma?

El caso de femicidio policial Chaco deja al descubierto una posible cadena de fallas administrativas, médicas e institucionales.

Especialmente porque el agresor se encontraba de franco, pero igualmente tenía acceso a su arma reglamentaria.

La situación obliga a revisar protocolos de control, seguimiento psicológico y retiro preventivo de armamento en casos donde existan denuncias por violencia de género o antecedentes de riesgo.

A nivel nacional, existen normas que establecen medidas preventivas para integrantes de fuerzas de seguridad denunciados por violencia de género o con situaciones médicas incompatibles con la portación de armas.

Sin embargo, el caso chaqueño demuestra que la existencia de protocolos no siempre alcanza si no hay controles efectivos, seguimiento real y decisiones firmes para proteger a las víctimas.

En el Chaco, el crimen generó conmoción y reabrió el debate sobre el rol del Estado frente a agentes armados con antecedentes de violencia.

La fiscal de Género N° 11, Noel Benítez, continúa con las pericias sobre los celulares recuperados y el arma secuestrada.

La principal hipótesis judicial apunta a que el ataque pudo haber sido planificado. Según la investigación, el agresor habría buscado previamente el vehículo de su padre y luego se habría dirigido hacia el lugar donde mantenía bajo amenaza a Graciela Mabel López.

Los teléfonos de la víctima y del atacante, que habrían sido arrojados al agua, serán analizados para reconstruir comunicaciones, movimientos y posibles intentos de eliminar evidencia.