El senador nacional de La Libertad Avanza quedó en el centro de la polémica luego de conocerse que es fundador de una firma que brinda asesoramiento para la compra, venta y administración de campos destinados a inversores del exterior. El tema tomó relevancia en medio del debate por la Ley de Tierras.
En pleno debate por las modificaciones a la Ley de Tierras Rurales, el senador nacional de La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch, quedó envuelto en una controversia luego de difundirse que es fundador de una empresa dedicada al asesoramiento para la adquisición y administración de campos por parte de inversores extranjeros.
Se trata de Glocal Terra SRL, una sociedad creada en 2020 junto a su esposa, Eloisa Perea Muñoz, cuya actividad está orientada a la intermediación y gestión de propiedades rurales en distintos países de Latinoamérica.
La empresa
Según la información difundida sobre la firma, Glocal Terra ofrece servicios vinculados a la búsqueda de campos agrícolas, tierras forestales, establecimientos ganaderos y grandes extensiones rurales.
Además, la empresa señala que administra propiedades rurales en representación de propietarios extranjeros e inversores interesados en desarrollar proyectos agropecuarios.
En su presentación institucional sostiene que posee experiencia en operaciones sobre más de tres millones de hectáreas en América Latina.
El debate político
La difusión de estos antecedentes se produjo mientras el Senado analizaba el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar distintos aspectos relacionados con la propiedad de tierras rurales.
La información generó cuestionamientos entre sectores de la oposición y también dentro de algunos bloques aliados, donde se planteó la necesidad de conocer si existe algún tipo de incompatibilidad o conflicto de intereses.
Hasta el momento, Joaquín Benegas Lynch no realizó declaraciones públicas sobre la polémica.
Un debate que continúa
La discusión sobre la propiedad de tierras rurales y la participación de capitales extranjeros volvió a instalarse con fuerza en la agenda política nacional.
Mientras algunos sectores sostienen que flexibilizar las normas favorecería las inversiones, otros advierten sobre la necesidad de preservar el control nacional sobre recursos estratégicos y territorios considerados de interés para el país.
El debate continúa tanto en el Congreso como en distintos ámbitos políticos y sociales.
