Organizaciones sociales, políticas, gremiales, de derechos humanos y pueblos originarios de Jujuy confluyeron este virnes en una multitudinaria marcha de protesta contra la reforma parcial de la Constitución provincial aprobada en la madrugada, que se acopló al plan de lucha que vienen manteniendo desde hace diez días los docentes de la provincia.
«Gerardo Morales aprobó su reforma constitucional a espaldas del pueblo jujeño», indicaba el lema central de la marcha, que incluyó cortes de ruta y calles en diversas localidades.
En tanto, grupos de manifestantes llegaron desde muy temprano este viernes a la capital provincial para allí movilizarse hasta la sede de la Gobernación, que amaneció con una fuerte presencia policial.
La Convención Constituyente de Jujuy, que quedó conformada sólo por los representantes del oficialista Frente Cambia y el Frente Justicialista -menos dos de sus integrantes que se retiraron junto a seis de la izquierda-, sesionó durante dos jornadas y terminó de aprobar en particular la reforma durante esta madrugada.
El debate en comisiones se venía desarrollando en un contexto de movilizaciones permanentes por parte de varias organizaciones, en particular del sector docente que cumple este viernes dos semanas de paro por tiempo indeterminado y en la noche de este jueves encabezó la reedición de una multitudinaria marcha de antorchas bajo la consigna: «Arriba los salarios, abajo la reforma».
Los distintos espacios, que conformaron una «Intergremial», cumplían este viernes una jornada de paro general y se sumaron otros sectores que rechazan la aprobación de la reforma.
En el norte de la provincia, uno de los cortes se registraba en la ciudad fronteriza de La Quiaca, sobre la ruta nacional 9, desde donde comunidades originarias e integrantes de distintos espacios se manifestaron con la consigna «Abajo la reforma del extractivismo, el saqueo y la represión a la protesta social».
La policía de Jujuy intentó avanzar con el desalojo esta tarde contra manifestantes que se encontraban reclamando en contra de la reforma parcial de la Constitución de Jujuy impulsada por Morales con un corte sobre la Ruta Nacional número 9, en la localidad puneña de Abra Pampa.
Comunicado de los Organismos de Derechos Humanos
«Los Organismos de Derechos Humanos abajo firmantes expresamos nuestra solidaridad con la lucha de los docentes por salarios justos y del pueblo Jujeño frente a la reforma constitucional autoritaria y anti democrática que pretende llevar adelante el gobernador radical Gerardo Morales, precandidato presidencial de Juntos por el Cambio.
Esta reforma constitucional, orquestada por el carcelero de Milagro Sala en tiempo récord, no solo avasalla derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Nacional sino que es una clara muestra de lo que está preparando la derecha argentina, para garantizar la aplicación de un programa económico de ajuste, saqueo y entrega de nuestros recursos naturales y de nuestra soberanía que sólo puede implementarse con represión, tal como lo demostraron en los 4 años de gobierno macrista.
El pueblo Jujeño de pie y en la calle, defendiendo sus derechos, es la ratificación de la lucha que tiene sus raíces en los pueblos originarios, en aquellas valientes rondas de Olga Márquez de Arédez y en la conquista de derechos que llevó adelante la organización Tupac Amaru, símbolo de un pueblo organizado que enfrentó a los poderosos con la frente en alto, y que el gobernador Jujeño quiso erradicar encarcelando a la compañera Milagro Sala y destruyendo hasta el último ladrillo que fue levantado.
En memoria de nuestros 30.000 y de los y las luchadoras jujeñas, acompañamos esta gesta popular en defensa de la democracia y los derechos conquistados y garantizados por la nuestra Constitución Nacional.»
FIRMAS:
• Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora
• Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
• Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – La Matanza
• Asociación Buena Memoria
• Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte
• Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz
• Fundación Memoria Histórica y Social Argentina
• Liga Argentina por los Derechos Humanos
Los uniformados formaron una fila de contención para desalojar los pobladores, quienes mantenían un corte total desde la mañana sobre un tramo de la Ruta ubicado en ese distrito, distante a 212 kilómetros al norte de la capital jujeña.
Los manifestantes en su mayoría docentes e integrantes de comunidades indígenas comenzaron a replicar las imágenes en las redes sociales, las cuales fueron repudiadas por cientos de ciudadanos jujeños.
En ese contexto se pudo observar a los policías de la división de infantería enfrentó a los comuneros, que se defendieron para evitar que los desalojarán del lugar, donde también había gran cantidad de mujeres.
«Los manifestantes no abandonaron el reclamo y decidieron abrir el paso cada hora a los vehículos» que se acumularon en el corredor vial, indicó a Télam Neida Luzardo, periodista del diario digital Abra Pampa.
«Nos quedamos para que se sienta el reclamo en toda la provincia y el país, no podemos permitir el atropello de las autoridades del Gobierno contra el pueblo», expresaron por su parte los colectivos indígenas de la puna jujeña.
Por su parte en el extremo norte de la provincia, en el acceso a la ciudad fronteriza de La Quiaca, sostenían el reclamo también en la ruta nacional en un clima de tensión por la llegada de efectivos policiales de otras regiones.
«La gente permanece en el centro de la ruta en un clima de tensión por los rumores de desalojo ante la llegada de policías», contó a esta agencia el periodista Luis Beltrán sobre la situación en esa zona.
Por otro lado, pobladores de distintas comunidades indígenas, que habían iniciado una marcha denominada «Tercer malón de la paz» contra la reforma, llegaron también en la mañana de este viernes a la capital provincial, y se movilizaron desde el acceso norte al microcentro capitalino.
«Nos hemos juntado de los cuatro puntos cardinales para venir acá y decirle lo que está haciendo mal Gerardo Morales. Él se ríe en nuestras caras, pero nosotros somos corajudos y hemos venido a luchar, caminando hasta acá«, expresaron integrantes de las comunidades.
«Esperamos que el gobernador dé marcha atrás con lo aprobado de espaldas al pueblo. Hemos perdido una oportunidad histórica de tener una Constitución de la que estemos orgullosos y que amplíe derechos», sostuvo, por otro lado, Sebastián López, del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy (Seom), espacio integrado en la movilización de la Intergremial y que en la noche de este jueves también realizó una vigilia de protesta tras la aprobación de la reforma.
«¿Por qué cercena tantos derechos a los jujeños si no tiene miedo de nada? Porque tiene que blindar al próximo gobierno», agregó López y anticipó que continuarán con las protestas, en rechazo a la reforma aprobada y por una mejora salarial para los distintos sectores de estatales.
El Frente de Organizaciones en Lucha en Jujuy (FOL) también rechazó la reforma al considerar que «absolutamente antidemocrática».
«El gobierno de Morales pretende prohibir el derecho a la protesta, al legítimo reclamo social. Las amenazas ya son inminentes para imponer descuentos salariales, despidos, causas penales, criminalización de la protesta social y persecución», agregaron en un comunicado.
«Lo único que busca Gerardo Morales es imponer a la fuerza un ajuste exclusivamente al servicio de los poderosos, de las corporaciones extractivistas para el saqueo del litio, la quita de tierras a los pueblos originarios, el uso privado de los recursos naturales y comunes y, por supuesto, garantizar también el ajuste en consonancia completa con las recetas del FMI», completaron.
Desde el FdT porteño repudiaron la reforma: «Cercenan derechos»
Legisladores porteños del Frente de Todos (FdT), junto a organizaciones de derechos humanos y gremiales, repudiaron los «hechos ocurridos en Salta y Jujuy» vinculados a la restricción y sanción de la protesta social y señalaron que «cercenan derechos» y representan «un retroceso a 40 años de recuperada la democracia».
El pronunciamiento se dio durante una conferencia de prensa que ofrecieron los dirigentes en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tras la aprobación, por parte de la Convención Constituyente de Jujuy, de una reforma parcial de la Constitución provincial en medio de un paro y movilización de trabajadores.
«Desde nuestro bloque nos pronunciamos frente a una situación que nos preocupa porque la reforma de (el gobernador jujeño) Gerardo Morales es vergonzosa y anticonstitucional y representa un retroceso a 40 años de recuperada la democracia», afirmó la legisladora Victoria Montenegro, que preside la Comisión de Derechos Humanos.
Por su parte, el diputado Javier Andrade expresó su «repudio», pero remarcó que «obviamente no nos extraña ya que Morales siempre fue el laboratorio de las distintas iniciativas de represión y cercenamiento de derechos en Argentina».
Carlos Pisoni, referente de la organización Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, calificó la situación como una avanzada sobre los derechos «que apunta a que muchos y muchas dejen de manifestarse y movilizarse, pero estoy convencido que va a generar lo contrario y vamos a ganar esta batalla contra los gobiernos de Jujuy y Salta».
El secretario de ATE-Capital, Daniel Catalano, remarcó la importancia que las organizaciones sociales sigan «luchando y peleando porque lo que se aprobó no es solo la modificación de la Constitución provincial, sino que también se trabaja sobre un artículo que habla sobre la paz social».
«Es importante que existan pronunciamientos para repudiar esta avanzada conservadora en Jujuy. Es bochornoso que se haya modificado una Constitución a espalda de los que organizaciones sociales y populares están reclamando», evaluó María Elena Naddeo, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
En la conferencia estuvieron presentes también la legisladora Berenice Iáñez y el diputado Claudio Morresi del FdT, referentes de los gremios UTE y APOC, de la Defensoría del Pueblo porteña, de Curas de Opción por los Pobres y de Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas.
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