La diputada Marcela Pagano amplió una denuncia ante la Justicia federal para que se investiguen presuntas irregularidades en el funcionamiento y las contrataciones de la Quinta de Olivos. La presentación menciona a María Belén Agudiez, cuya renuncia fue aceptada este lunes, y plantea conexiones con la asesora Mara Gorini y empresas privadas. Por el momento se trata de hipótesis denunciadas que deberán ser comprobadas judicialmente.
La reorganización de la Quinta Presidencial de Olivos abrió un nuevo frente político y judicial para el Gobierno nacional.
La diputada nacional Marcela Pagano amplió una denuncia ante la Justicia federal en la que solicita investigar una serie de presuntas irregularidades relacionadas con compras de alimentos, funcionarios de la residencia presidencial y un emprendimiento privado de catering.
La presentación involucra, entre otras personas, a María Belén Agudiez, hasta ahora subsecretaria de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia, estructura encabezada por Karina Milei.
Este lunes 21 de septiembre, el Gobierno oficializó la salida de Agudiez mediante el Decreto 1055/2026. La renuncia rige desde el 20 de septiembre y el decreto no informa las razones de su dimisión.
La denuncia pone la lupa sobre un catering privado
Uno de los principales puntos de la presentación de Pagano está relacionado con un emprendimiento gastronómico denominado “Pancitos Caseros”.
La legisladora plantea como hipótesis que alimentos adquiridos mediante contrataciones destinadas a la residencia presidencial podrían haber sido utilizados en actividades privadas de catering.
Esa eventual desviación no está judicialmente comprobada y forma parte de los hechos que Pagano solicita investigar.
La denuncia adquirió mayor relevancia después de que apareciera documentación correspondiente a una póliza de accidentes personales de marzo de 2024, contratada para “personal de catering”.
Según el documento difundido y analizado por distintos medios, entre las personas aseguradas aparecen Osvaldo Javier Sosa, entonces vinculado a la administración de la residencia, y otras personas que cumplían funciones en Olivos.
La póliza identifica además como beneficiarios a Foggia Group y Mara Gorini, entre otros.
La existencia de esa documentación es uno de los elementos utilizados por Pagano para solicitar que la Justicia determine qué relación existía entre trabajadores o funcionarios públicos y las actividades privadas de catering.
Quién es Mara Gorini y dónde aparece su vínculo
Otro nombre incorporado a la controversia es el de Mara Gorini, vinculada al equipo de la Secretaría General de la Presidencia.
Gorini estuvo relacionada societariamente con Foggia Group, productora que posteriormente quedó encabezada por integrantes de su familia. La documentación difundida sobre el seguro de catering vuelve a conectar su nombre con esa firma.
A partir de allí aparece otro vínculo empresarial.
Según la información publicada, Foggia Group realizó pagos por aproximadamente $55 millones a +BE, una consultora relacionada con Bettina Angeletti, esposa del funcionario nacional Manuel Adorni, por servicios de asesoramiento.
La existencia de relaciones comerciales entre empresas o personas relacionadas con funcionarios no constituye por sí misma un delito. Lo que deberá establecerse es si existieron incompatibilidades, utilización de recursos estatales o alguna otra conducta contraria a la ley.
Qué sostiene Pagano sobre los alimentos de Olivos
La hipótesis más grave planteada por la diputada apunta a las compras de alimentos destinadas a la residencia presidencial.
Pagano pidió investigar si parte de esos productos pudo haber terminado en servicios privados de catering.
Su planteo relaciona a personas que tenían acceso o funciones dentro de Olivos con integrantes del emprendimiento gastronómico y con eventos privados en los que habrían trabajado algunas de esas mismas personas.
Pero nuevamente existe una diferencia fundamental entre la documentación aportada y la conclusión que propone la denunciante.
Hasta ahora no existe una resolución judicial que establezca que alimentos comprados por el Estado hayan sido efectivamente desviados hacia eventos particulares.
Ese es precisamente uno de los puntos que la presentación busca que sea investigado.
El Gobierno reorganizó la Quinta y Agudiez dejó su cargo
La controversia coincide con una profunda reorganización de la administración de Olivos.
El Gobierno dispuso que Casa Militar asumiera el control administrativo y operativo de la residencia presidencial, en un contexto en el que desde el Ejecutivo se mencionaron problemas relacionados con filtraciones que afectarían la seguridad presidencial.
Posteriormente se produjo la salida de Agudiez.
El Decreto 1055/2026, firmado por Javier Milei y el jefe de Gabinete Diego Santilli, aceptó formalmente su renuncia, pero no vincula oficialmente esa decisión con las denuncias presentadas por Pagano.
Qué deberá determinar ahora la Justicia
La presentación solicita investigar posibles delitos contra la administración pública, pero la existencia de una denuncia no significa que esos delitos hayan ocurrido ni que las personas mencionadas sean responsables.
Entre las cuestiones que deberán esclarecerse aparecen la relación entre determinados funcionarios y el emprendimiento de catering, la utilización de personal que cumplía funciones en Olivos, el destino efectivo de los alimentos adquiridos por el Estado y las relaciones comerciales entre las empresas mencionadas.
Por ahora hay documentación, relaciones comerciales y una denuncia que propone una determinada hipótesis sobre esos vínculos. La eventual existencia de un circuito ilegal deberá ser acreditada mediante la investigación judicial.
La controversia adquirió una dimensión adicional con la salida de Belén Agudiez, una funcionaria considerada cercana a Karina Milei, apenas días después de la reorganización de la residencia presidencial.
Diario Colonia Elisa – Informate Bien
