26 de mayo de 2024

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Amenazas a la familia Massa: diez imputados deberán hacer tareas comunitarias

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Foto: Prensa.

El juzgado federal 2 de San Isidro suspendió el proceso a prueba de los 10 imputados que se reconocieron culpables en la causa por múltiples amenazas de muerte contra el ministro de Economía, Sergio Massa, y su esposa, titular de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Malena Galmarini, en 2020 tras difundirse sus números de teléfono en redes sociales, y resolvió que realicen entre 130 y 150 horas de tareas comunitarias.

El fallo, emitido por el tribunal en abril e informado este sábado desde el entorno del Ministro de Economía a través de un comunicado, también dispuso que los imputados deberán realizar donaciones a la Asociación Civil «Pequeños Pasos», por montos que varían entre $20.000 y $200.000.

Se trata de una causa por una denuncia realizada por el Ministro de Economía, por entonces presidente de la Cámara de Diputados, a raíz de múltiples amenazas de muerte que recibieron Massa, Galmarini y familia en septiembre de 2020, tanto en redes sociales como por WhatsApp, tras haberse difundido sus respectivos teléfonos, se informó este sábado en un comunicado.

A partir de la denuncia, se identificaron diez responsables: Franco Ezequiel Barales, Juan Ignacio Bogado, Martín Rubén Fernández, Julio Ariel Lovera, Sebastián Medina Canchari, Blas Pawluk, Darío Hernán Posniak, Ignacio Saluzzo, Marcela Alicia Villabrille y Luis Hernán Molina, sostuvo el informe.

Luego de la investigación y tras considerarse que «se encontraba suficientemente demostrada las autorías y responsabilidades penales» de los acusados, la justicia resolvió imponerles obligaciones por el término de hasta dos años y seis meses.

De ese modo, teniendo en cuenta que según lo manifestado por la fiscalía sobre que «cada frase empleada es distinta y algunas tienen mayor entidad», los imputados deberán abonar entre $20.000 y $200.000 a la Asociación Civil «Pequeños Pasos».

Además, deberán entregar los celulares utilizados para enviar los mensajes amenazantes, realizar tareas comunitarias y cursos de Derechos Humanos, además de otras obligaciones formales.


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