En Mendoza, el conflicto entre los empleados del Poder Judicial y el gobierno provincial no da tregua y este lunes los trabajadores definieron continuar con la medida de fuerza que sostienen hace 15 días, en reclamo de mejoras salariales y en las condiciones de trabajo.
En medio del paro, el viernes pasado, el gobernador Alfredo Cornejo definió unilateralmente otorgar por decreto un aumento al sector, luego de que los gremios rechazaran las propuestas anteriores del Ejecutivo. La medida 947, publicada en el Boletín Oficial, dice en su artículo 1° que se otorgará «a los agentes públicos pertenecientes al Régimen Salarial 10, un incremento salarial del diez por ciento (10%) sobre la asignación de clase para los meses de abril, mayo y junio de 2024, respectivamente, calculados sobre la base fija del mes de diciembre de 2023″. Este es un incremento no acumulativo y se aplica exclusivamente a los agentes del sector.
“El gobierno decidió de forma unilateral cerrar paritarias y dar por finalizadas las negociaciones salariales con un aumento que es claramente insuficiente y no se acerca a resolver las necesidades de los trabajadores”, dijo a Página 12 Cecilia Interlandi, médica psiquiatra forense que se desempaña en el Cuerpo Médico Forense de la provincia de Mendoza. “Con esta propuesta lo que buscan es castigar a los empleados por no acceder a lo ofrecido anteriormente, niegan el ámbito de las negociaciones paritarias y ofrecen un aumento menor del que habían acercado en un principio”, dijo la médica. El aumento es más bajo que se otorgó a entre los sectores que componen la administración pública mendocina.
Interlandi indicó que los trabajadores judiciales de Mendoza tienen sueldos mucho más bajos que los empleados del Poder Judicial en el resto del país. “Hoy en día, un trabajador cuando ingresa está cobrando alrededor de 300 mil pesos, es decir un salario por debajo de la línea de indigencia”, aseguró.
“Las condiciones laborales en las que estamos son tremendas. Trabajamos fines de semana, feriados y en nuestros salarios no nos consideran las guardias. Estamos en un estado de agotamiento total y todo esta situación lo empeora”, expresó la médica psiquiatra forense a este medio.
Desde los gremios judiciales sostienen que lo que se discute no es el porcentaje de aumento, sino un sistema paritario, vinculado a la carrera judicial. “Nosotros estamos desenganchados de los aumentos de la Corte y del sistema judicial de magistrados, lo que genera muchísimas desigualdad”, dijo Interlandi.
Sobre esto, el secretario general del gremio de Judiciales de Mendoza, Ricardo Babillón, sostuvo en diálogo con la radio local Jornada 91.9: «Los judiciales no hemos aceptado las paritarias porque entendemos que entrar en conflicto cada tres meses para discutir uno o dos puntos no le sirve a nadie, ni a la administración del Estado ni a los judiciales. Y la única manera de llegar a un acuerdo es una mesa de negociación, de conversación entre las partes y no de la manera que lo hace el gobierno, intentando imponer algo y luego retirándose de la mesa».
Babillón aseguró que desde enero del 2023 a la fecha, los judiciales perdieron un 240% de poder adquisitivo. «No podemos irnos de la negociación dejando a los compañeros por debajo de la línea de la indigencia, pero además queremos sentarnos y realizar un trabajo serio que permita una recuperación del salario hacia adelante, que paulatinamente podamos tener una recuperación salarial», señaló.
El impacto de este paro es significativo ya que llegó hasta las fiscalías, las cuales juegan un papel crucial en el procesamiento de casos legales en la provincia. El apoyo de los funcionarios a la huelga profundizó la crisis en los Tribunales. “Nunca se ha visto una situación como esta, donde hasta los ayudantes fiscales están adheridos a la medida de fuerza”, advirtió Interlandi.
Al momento solo quedan funcionando dos oficinas fiscales, una en San José y otra en el polo judicial. Esto podría retrasar numerosos procesos judiciales, afectando no solo a los trabajadores del sector, sino también a los ciudadanos que dependen de estos servicios.
Al respecto, Babillón explicó: «Somos conscientes de la problemática institucional que se está creando en Mendoza, pero no la estamos creando nosotros. Nosotros estamos pidiendo una mesa de diálogo para llegar a un acuerdo y ver de qué manera los empleados judiciales comenzamos una recuperación paulatina de nuestro salario».
Por su parte, Cornejo cuestionó el accionar de los dirigentes sindicales y resaltó que los judiciales son el único gremio que no ha aceptado la propuesta del Ejecutivo. El mandatario provincial afirmó este lunes que “lamenta” la continuidad del conflicto salarial con los funcionarios y empleados judiciales y pidió que “ojalá entiendan, como el resto de los gremios, que eso es lo que se puede dar”.
“Si el paro lleva más tiempo nos vamos a ver obligados a conciliaciones obligatorias. Porque la obligación de la Corte, en primer lugar, y del Gobierno de la provincia, en segundo lugar, es que haya administración de justicia”, sentenció el gobernador.
“El Gobernador ha hecho oídos sordos y se pasan la responsabilidad entre los magistrados y el gobierno por lo que nadie termina resolviendo”, denunció Interlandi.
Por su parte, el líder gremial afirmó que «para poder salir de este conflicto, necesitaríamos una propuesta salarial superior a la que está analizando el Gobierno, pero fundamentalmente que la Corte asuma su rol de patronal y que nos sentemos a dialogar sobre una nueva carrera judicial que esté atada a la remuneración proporcional de los empleados con la responsabilidad sobre un proceso jurídico».
Informe: Lucía Bernstein Alfonsín
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