Alemania: Se reaviva el debate sobre si prohibir al partido ultra AfD

Desde Berlín

Un debate cobró más fuerza en el centro del poder europeo durante las últimas semanas: el de si hay que prohibir o no al partido de ultraderecha, Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán). Las discusiones tuvieron su punto máximo en enero cuando salió a la luz que miembros del partido estudiaban la idea de expulsar inmigrantes. Ahora resurgieron a la luz del juicio contra uno de sus líderes, condenado a pagar una multa de 13 mil euros por expresar un lema de origen nazi en actos públicos. La Justicia no le dictó prisión ni le quitó sus derechos civiles (el de ser candidato, por ejemplo) pero el proceso reavivó un debate caliente a pocos meses de las elecciones regionales de septiembre. Para esos comicios, AfD crece en las encuestas en todos los distritos.

La discusión sobre si prohibir al partido excede a Björn Höcke, figura más representativa del ala ultra extremista del partido, que además encabeza esa lista en la región de Turingia. Hace meses que referentes de otras organizaciones postulan que todo el partido debe ser ilegalizado, más allá de miembros particulares. Y es que la Carta Magna alemana considera inconstitucionales a los partidos que “según sus objetivos o el comportamiento de sus simpatizantes pretendan menoscabar o eliminar el orden básico democrático libre o poner en peligro la existencia de la República Federal de Alemania”.

“AfD es un partido radical de derecha que amenaza poderosamente nuestra democracia. En todos los partidos democráticos hay un intenso debate sobre este tema y, si bien todavía no hay acuerdo, la idea (de prohibirla) va avanzando”, sostiene a PáginaI12 Marco Wanderwitz, diputado sajón de la Unión Demócrata Cristiana (CDU). Es uno de los parlamentarios que más enfáticamente se ha pronunciado por iniciar “lo antes posible” una moción en el Bundestag, el Parlamento o Cámara de Diputados alemana. Aunque su postura no es compartida por la totalidad de los miembros de su partido, algunos de los cuales, incluso, fueron vinculados con aquella polémica reunión secreta que despertó el rechazo y el grito de millones de ciudadanos en las calles de todo el país.

Para Sofia Leonidakis, líder de la fracción del partido de izquierda (Die Linke) en el parlamento del estado de Bremen, impulsar la moción de prohibición también es una prioridad. En diálogo con este diario, señala que “AfD lleva mucho tiempo envenenando el discurso político” y que sus referentes “han trivializado el Holocausto e incitado al odio contra los musulmanes, los refugiados y el feminismo”. Bremen, en el noroeste de Alemania, es donde hay más consenso para avanzar con la ilegalización de AfD. No es casual: se trata del único parlamento estatal sin representantes de ese partido y además es considerado desde siempre un bastión de la izquierda. “Si nombran presidentes parlamentarios o incluso gobiernan en algún momento, entonces la democracia se verá socavada desde dentro. Por eso es tan urgente un procedimiento de prohibición”, sostiene Leonidakis.

Por ley, sólo pueden presentar una solicitud ante el Tribunal Constitucional Federal el Bundestag, el Bundesrat (similar a lo que en otros países sería el Senado) y el Gobierno Federal. Para avanzar, la Justicia debe constatar que el partido examinado no sólo declara a contramano de la democracia sino que también acciona -o es potencialmente capaz de hacerlo- contra ella. Para eso se basa en informes de los servicios de inteligencia, que en Alemania son varios y tienen permitida la vigilancia y el espionaje de grupos considerados extremos (tanto de derecha como de izquierda) para “prevenir el extremismo”. En tres de los dieciseis estados federales – Sajonia, Turingia y Sajonia-Anhalt- AfD ya fue clasificada como «definitivamente de extrema derecha» por las oficinas estatales para la protección de la Constitución.

Antecedentes

Los antecedentes más cercanos, sin embargo no son promisorios para quienes quieren prohibir al partido. Desde 1945 sólo dos partidos fueron ilegalizados en Alemania: el SRP, heredero del partido nazi, y el Partido Comunista. Se intentó hacer lo mismo dos veces con el Partido Nacional Democrático de Alemania (NPD), considerado racista y neonazi. La primera, en 2003, fracasó porque los jueces consideraron que había miembros de los servicios de inteligencia implicados en la dirección del partido. La segunda, en 2017, también quedó en la nada porque cuando el tribunal debía expedirse la organización ya era tan insignificante a nivel electoral que no se la consideró un peligro.

Pero AfD es fuerte en la intención de voto y eso es lo que impulsa tanto a quienes quieren prohibirlo como a quienes no. Entre este último grupo se encuentran parlamentarios y ministros que sostienen que la prohibición ayudaría al grupo de ultraderecha a victimizarse, demostraría la incapacidad de los partidos considerados democráticos para abordar el fenómeno electoral y empoderaría fuertemente al partido en caso de que la justicia falle a su favor. “Si prohibimos un partido que no nos gusta pero que se mantiene estable en las encuestas, entonces estamos mostrando una mayor solidaridad con él”, expresó Carsten Schneider, miembro del gobernante SPD y delegado del gobierno federal para el este de Alemania. En sus pocas declaraciones públicas sobre el tema, el Canciller Olaf Scholz pareció mostrarse más afín a esta posición.

Respecto a las posturas que opinan que es necesario abordar el contenido del partido más que prohibirlo y que excluir sus temas del discurso político no sería una solución, Wanderwitz dice a este diario que para él hay que ir por ambas vías: “Por supuesto que hay que discutir con argumentos, porque incluso si la prohibición tiene éxito las ideas radicales no desaparecerán de la mente de la gente. Sin embargo una prohibición ayudaría mucho porque los políticos que están por fuera del arco constitucional deberían mantenerse fuera también del parlamento”.

Mientras avanzan los informes de los servicios de inteligencia, parlamentarios de todos los colores estudian alternativas. Además de la prohibición total del partido (y también de su organización juvenil, la Junge Alternative), el menú de posibilidades es variado. Ofrece, entre otras, excluir al partido de la financiación estatal (una de las cuatro vías por las cuales recaudan las organizaciones políticas) o revocar los derechos electorales de individuos particulares, como se intentó sin éxito con Höcke.

Como sea, varios expertos en derecho constitucional coinciden en el peligro de precipitarse. Explica a PáginaI12 el constitucionalista Ullrich Battis, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Humboldt de Berlín, que una solicitud antes de las elecciones estatales de este año haría a la AFD más bien que mal. “Solicitudes de este tipo deben examinarse detenidamente. Por los tiempos, no habría una decisión antes de los comicios”, asegura el letrado. La solicitud, sostiene, podría verse entonces como la prueba de que los otros partidos no están en condiciones de vencer a la AfD en la competición política.