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Tandanor bajo investigación: secuestraron más de US$367 mil y la Justicia investiga un presunto pedido de coimas

Por Diario Colonia Elisa 7 de septiembre de 2026 5 min de lectura
Tandanor bajo investigación: secuestraron más de US$367 mil y la Justicia investiga un presunto pedido de coimas
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La Policía Federal realizó cinco allanamientos ordenados por el juez Sebastián Casanello en una causa que investiga presuntas maniobras de corrupción dentro del astillero estatal Tandanor. Durante los procedimientos fueron secuestrados US$367.110 en efectivo, documentación, dispositivos electrónicos y un recibo manuscrito. El principal investigado es Julio Eduardo Gallé, exgerente comercial de la compañía.

Una investigación federal por presunto cohecho en Tandanor avanzó con una serie de allanamientos que terminaron con el secuestro de una importante cantidad de dólares en efectivo.

Por orden del juez federal Sebastián Casanello, la Policía Federal Argentina realizó cinco procedimientos —cuatro en la Ciudad de Buenos Aires y uno en Mar del Plata— relacionados con una investigación que intenta determinar si existió un pedido de dinero para beneficiar a una empresa privada que mantenía una deuda con el astillero estatal.

Durante los operativos fueron encontrados exactamente US$367.110, distribuidos entre un domicilio particular y una caja de seguridad ubicada en el microcentro porteño.

El principal investigado es Julio Eduardo Gallé, quien se desempeñaba como gerente comercial de Tandanor.

Investigan un supuesto pedido de dinero para eliminar una deuda

La hipótesis judicial intenta establecer si Gallé habría solicitado dinero al empresario Antonio Alejandro Napoleone, titular de Lucrimar S.A., a cambio de gestionar la eliminación de una deuda que la compañía mantenía con Tandanor.

Según la información conocida, esa obligación rondaba los US$200.000.

Los investigadores buscan determinar si existió una propuesta para hacer desaparecer esa deuda a cambio de un pago.

La presunta maniobra investigada involucraría al menos US$220.000, aunque será la investigación judicial la que deberá establecer qué ocurrió efectivamente y cuál fue la participación de cada una de las personas involucradas.

Un recibo manuscrito y documentación bajo análisis

Los allanamientos aportaron otros elementos que ahora deberán ser peritados.

Entre lo secuestrado aparece un recibo escrito a mano por US$100.000 y $12,7 millones, además de cartas documento, extractos bancarios, comprobantes de transferencias y contratos.

Los investigadores también incautaron una notebook, una computadora, una tablet y tres teléfonos celulares.

La existencia del dinero y de esa documentación constituye evidencia incorporada al expediente, pero no demuestra por sí sola el origen ilícito de los fondos ni la responsabilidad penal de los investigados. Eso deberá establecerse mediante las pericias y el resto de las medidas judiciales.

La investigación nació dentro de Tandanor

La causa tuvo su origen en una auditoría interna realizada por el propio astillero después de un cambio de autoridades.

Las presuntas irregularidades detectadas durante esa revisión derivaron posteriormente en una denuncia de la empresa.

Casanello delegó la investigación en una unidad especializada en delitos de corrupción de la Policía Federal y las actuaciones terminaron desembocando en los recientes allanamientos.

El expediente investiga ahora posibles hechos de cohecho, una figura penal relacionada con el ofrecimiento, entrega, solicitud o recepción indebida de beneficios vinculados al ejercicio de una función pública, según las circunstancias concretas de cada caso.

La causa alcanza un período de fuertes cambios dentro del astillero

La investigación también vuelve a colocar bajo atención la etapa en la que Ana Laura Hernández estuvo al frente de Tandanor durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei.

Hernández había llegado a la conducción de la empresa durante la gestión del entonces jefe de Gabinete Nicolás Posse.

Durante ese período se produjo una reestructuración interna que incluyó cambios de personal, incorporación de funcionarios y asesores y modificaciones en distintas áreas de la compañía.

También fue contratada la firma BDO para realizar una auditoría y se modificó la estructura vinculada con la Gerencia de Control de Gestión.

Posteriormente, Hernández dejó la presidencia y fue reemplazada por Mauricio González Botto, otro funcionario que había trabajado en áreas vinculadas con las empresas públicas.

Es importante señalar que la existencia de una investigación sobre hechos ocurridos durante determinada gestión no implica automáticamente responsabilidad penal de quienes encabezaban políticamente la empresa. Las responsabilidades deben establecerse individualmente dentro del expediente.

Tandanor, una empresa estratégica

El caso adquiere además relevancia por las características de la compañía involucrada.

Tandanor es un astillero estatal estratégico para la reparación, mantenimiento y construcción naval y ocupa más de 30 hectáreas en la Ciudad de Buenos Aires.

Su futuro ha formado parte de las discusiones alrededor de las empresas públicas y de los planes de reorganización impulsados por el Gobierno nacional.

Las versiones y cuestionamientos políticos relacionados con un eventual aprovechamiento inmobiliario de sus terrenos constituyen, por ahora, una discusión diferente de la investigación penal por las presuntas coimas y no deben confundirse ambos planos sin evidencia que los conecte.

De una auditoría interna a una causa federal

El expediente entró ahora en una instancia decisiva.

La Justicia deberá establecer de dónde provinieron los US$367.110 secuestrados, a quién pertenecen, qué relación tienen —si alguna— con la presunta maniobra investigada y qué significado poseen el recibo manuscrito y los movimientos bancarios incorporados al expediente.

También serán relevantes las pericias sobre computadoras y teléfonos.

Por el momento existe una investigación por presuntos hechos de corrupción y evidencia que deberá ser analizada. No hay una sentencia que determine culpabilidades.

Lo concreto es que una irregularidad inicialmente detectada mediante controles internos terminó convertida en una causa federal que ahora intenta reconstruir si dentro de uno de los principales astilleros estatales del país se pidió dinero a cambio de beneficiar económicamente a una empresa privada.

Diario Colonia Elisa – Informate Bien

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