La investigación dio un giro decisivo. El fiscal Marcelo Soto confirmó que dos exdirectores dejaron de ser testigos y pasaron a estar imputados por la presunta falta de controles que permitió el ejercicio ilegal de la medicina dentro del hospital.

La investigación judicial por el caso de la denominada «falsa médica» en el Chaco sumó un nuevo y trascendente capítulo. El fiscal Marcelo Soto confirmó que dos exdirectores del Hospital de Quitilipi fueron imputados formalmente en el marco de la causa, luego de que surgieran nuevos elementos de prueba que comprometerían su actuación al frente del establecimiento sanitario.

Hasta el momento, ambos exfuncionarios habían declarado en calidad de testigos. Sin embargo, la incorporación de nueva evidencia llevó a la Fiscalía a modificar su situación procesal, avanzando con las correspondientes imputaciones y dejando sin efecto una de las declaraciones testimoniales ya realizadas.

La investigación apunta ahora a las autoridades del hospital

La causa ya no se limita únicamente a determinar la responsabilidad de la mujer acusada de ejercer ilegalmente la medicina sin contar con título habilitante, sino que busca establecer si existieron fallas, omisiones o negligencia por parte de las autoridades encargadas de controlar la documentación, habilitaciones y antecedentes del personal de salud.

Según explicó el fiscal Marcelo Soto, la investigación intenta determinar si la falta de controles administrativos y sanitarios permitió que la acusada realizara prácticas médicas dentro del hospital público, poniendo en riesgo la salud y la vida de numerosos pacientes.

Los dos exdirectores deberán prestar declaración en calidad de imputados mientras continúan avanzando las medidas probatorias ordenadas por la Fiscalía.

La situación judicial de la falsa médica se agrava

En paralelo, la situación procesal de la principal acusada continúa complicándose. La mujer ya se encuentra con prisión preventiva en una causa vinculada a la amputación de la pierna de un joven, hecho investigado como consecuencia de una presunta mala praxis.

A ello se sumaron recientemente nuevas imputaciones por homicidio y aborto, luego de que las primeras pericias incorporadas al expediente indicaran una posible relación directa entre la atención brindada por la acusada y al menos una de las muertes investigadas.

La Fiscalía continúa recabando testimonios, documentación y pericias para determinar el alcance total de las responsabilidades penales en una causa que expone graves falencias en los mecanismos de control dentro del sistema de salud pública provincial.

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