La exdirectora del PAMI de San Luis, Cecilia Morales, denunció al empresario Rodolfo Negri y a la senadora de La Libertad Avanza Ivanna Arrascaeta por presuntas amenazas. El conflicto se desarrolla mientras la Justicia investiga posibles irregularidades en prestaciones facturadas por establecimientos vinculados a la familia Negri. La legisladora y su esposo aparecen mencionados en graves acusaciones que deberán ser determinadas judicialmente.
Una denuncia que involucra a una senadora nacional de La Libertad Avanza y a su esposo sacude al PAMI de San Luis y suma un nuevo frente de conflicto alrededor de la administración de la obra social de los jubilados.
La exdirectora de la delegación puntana, Cecilia Morales, denunció al empresario Rodolfo Negri y a su esposa, la senadora Ivanna Arrascaeta, en medio de una investigación sobre presuntas irregularidades en prestaciones vinculadas con establecimientos de salud relacionados con la familia del empresario.
Según publicó La Política Online, la investigación alcanza a la Clínica Aconcagua, consultorios externos y un centro de rehabilitación relacionado con Mauricio Negri, hermano del empresario.
UNA DENUNCIA POR PRESUNTAS AMENAZAS
Uno de los episodios denunciados por Morales habría ocurrido el 1 de junio en el aeropuerto de San Luis.
De acuerdo con su presentación, Arrascaeta la habría abordado mientras esperaba para viajar hacia Buenos Aires y le habría reclamado por decisiones tomadas dentro del PAMI.
“Voy a cortar cabezas, voy a cortar todas las cabezas”, habría manifestado la senadora, según la versión incluida en la denuncia.
En ese mismo episodio, Rodolfo Negri habría cuestionado a Morales por las auditorías realizadas sobre establecimientos vinculados a su familia.
Las acusaciones forman parte de una denuncia y deberán ser investigadas y eventualmente comprobadas por la Justicia.
MILLONARIAS PRESTACIONES BAJO LA LUPA
El punto central del caso está relacionado con la facturación de prestaciones médicas al PAMI.
Según la información publicada, desde la delegación puntana se habían detectado movimientos que motivaron auditorías y pedidos de documentación.
Las cifras mencionadas son millonarias.
De acuerdo con estimaciones atribuidas a la repartición de San Luis, las prestaciones relacionadas con establecimientos de la familia Negri habrían alcanzado $1.091 millones durante septiembre de 2025; $825 millones en octubre; más de $700 millones tanto en noviembre como en diciembre; y nuevamente valores superiores a $900 millones durante enero y febrero de 2026.
La magnitud de esos números habría generado sospechas internas y derivado en nuevas revisiones.
LA JUSTICIA INVESTIGA UNA POSIBLE DEFRAUDACIÓN
El caso también llegó al ámbito judicial.
Según la información conocida, la Unidad Fiscal de Investigaciones de delitos cometidos en el PAMI solicitó documentación relacionada con auditorías efectuadas sobre uno de los establecimientos.
El requerimiento apuntaría a determinar si existieron órdenes correspondientes a prestaciones que no habrían sido efectivamente realizadas.
Entre la documentación solicitada aparecen números de órdenes, horarios y fechas, diagnósticos, prescripciones, respaldos de las prestaciones y montos abonados.
El objetivo será determinar si la facturación cuestionada se corresponde efectivamente con servicios médicos brindados a afiliados.
LULE MENEM HABRÍA INTERVENIDO EN EL CONFLICTO
El escándalo también alcanza políticamente a Eduardo “Lule” Menem, uno de los principales dirigentes del armado nacional de La Libertad Avanza.
Según La Política Online, Menem habría convocado a una reunión para intentar contener la confrontación.
Del encuentro habrían participado Morales, Arrascaeta, Rodolfo Negri y autoridades del PAMI.
En ese contexto, fuentes citadas por el medio sostienen que se habría planteado incluso la posibilidad de que Arrascaeta abandonara el bloque oficialista y conformara un monobloque si el conflicto continuaba.
Hasta el momento, esa versión corresponde a fuentes citadas por el medio y no implica que efectivamente se haya producido una ruptura política.
MÁS DE 7 MIL ÓRDENES PARA REVISAR
Otro dato que dimensiona la investigación es la cantidad de prestaciones que se pretendía auditar.
Morales habría solicitado revisar más de 7.000 órdenes correspondientes al período comprendido entre 2024 y 2026.
La tarea no habría llegado a completarse debido a su posterior salida de la conducción del organismo.
También existen denuncias de otros trabajadores del PAMI que aseguran haber recibido presiones y hostigamientos, situaciones que deberán determinarse en las investigaciones correspondientes.
UN CASO QUE AHORA DEBERÁ ACLARAR LA JUSTICIA
El episodio reúne acusaciones particularmente graves: presuntas amenazas a funcionarios y trabajadores, posibles irregularidades en prestaciones médicas, facturaciones millonarias y sospechas de una eventual defraudación contra el organismo encargado de brindar cobertura a jubilados y pensionados.
Sin embargo, resulta fundamental diferenciar las denuncias de los hechos judicialmente comprobados.
Será la Justicia la encargada de establecer si existieron prestaciones inexistentes o sobrefacturadas, determinar responsabilidades y comprobar las acusaciones formuladas contra las personas involucradas.
Diario Colonia Elisa – Informate Bien
