El Concurso Público 01/2026 para contratar una consultoría integral destinada a modernizar sistemas y procesos de la Administración Tributaria Provincial quedó envuelto en fuertes cuestionamientos. Fuentes vinculadas al organismo advierten sobre las facultades que tendría la empresa adjudicataria, mientras una de las firmas participantes presentó una impugnación. El proceso involucra ofertas que superan los $31.000 millones por cuatro años.
Una millonaria contratación impulsada para intervenir sobre los sistemas y procesos de la Administración Tributaria Provincial (ATP) abrió un nuevo frente de cuestionamientos hacia el Gobierno de Leandro Zdero.
El lunes 31 de agosto se realizó en la sede de Fiduciaria del Norte S.A. la apertura de sobres correspondiente al Concurso Público 01/2026.
Formalmente, el procedimiento busca contratar una “consultoría integral” que deberá diseñar e implementar mejoras sobre la administración tributaria chaqueña.
Sin embargo, fuentes vinculadas al organismo sostienen que el alcance establecido en el pliego excedería una simple asistencia técnica y advierten sobre una posible tercerización de funciones sensibles.
La expresión utilizada por los denunciantes es contundente: “Es una privatización encubierta”.
Ofertas por más de $31.000 millones
De acuerdo con la información del concurso, entre las propuestas económicas presentadas aparecen montos de enorme magnitud.
Pogue Sistemas S.A. habría ofertado un servicio mensual por aproximadamente $687 millones, mientras que ATTI S.A. presentó una propuesta de $31.340 millones por 48 meses y ATS Sistemas y Gestión otra por aproximadamente $31.521 millones.
Tomando como referencia los 48 meses previstos, se trata de una contratación que podría superar los $31 mil millones durante cuatro años.
Pero los cuestionamientos no se concentran únicamente en el costo.
Qué dice el pliego
El objeto de la contratación establece que la consultoría deberá tomar como punto de partida un diagnóstico previamente realizado sobre los sistemas y procesos tributarios de la ATP.
Según el texto citado del pliego, deberá diseñar e implementar un “conjunto articulado de mejoras”.
Precisamente ese diagnóstico previo constituye otro de los puntos cuestionados.
Fuentes consultadas sostienen que una empresa que participó de ese trabajo durante abril y mayo de este año habría cobrado aproximadamente $1.800 millones al Estado provincial y posteriormente se habría presentado al nuevo concurso.
De confirmarse esa vinculación, el punto requerirá una explicación oficial sobre las condiciones de ambas contrataciones y las reglas de participación establecidas.
Preocupación por el futuro de los trabajadores de la ATP
Uno de los aspectos más sensibles está relacionado con las facultades que tendría la consultora sobre la estructura y funcionamiento interno del organismo.
Según los fragmentos del pliego difundidos, la empresa adjudicataria tendría intervención en la revisión de circuitos administrativos y podría evaluar documentación existente, incluyendo manuales, procedimientos escritos, instrucciones de trabajo y políticas internas.
Los denunciantes sostienen además que el proceso podría derivar en reubicaciones de personal, situación que despertó preocupación entre trabajadores de la ATP.
La discusión resulta especialmente sensible porque la Administración Tributaria Provincial es el organismo encargado de administrar y recaudar buena parte de los recursos tributarios propios del Chaco.
¿Se privatiza la recaudación provincial?
Este punto requiere una distinción importante.
Las denuncias califican al proceso como una “privatización encubierta”, pero esa expresión representa, por el momento, la interpretación de quienes cuestionan la contratación.
Para afirmar que la recaudación tributaria provincial será efectivamente privatizada habría que determinar qué funciones concretas serán transferidas al adjudicatario y cuáles continuarán bajo responsabilidad exclusiva de funcionarios y agentes estatales.
Lo que sí genera interrogantes es el nivel de intervención que tendría una empresa privada sobre los procesos internos de un organismo estratégico como la ATP.
Por eso, el debate no debería limitarse al nombre utilizado para definir la contratación, sino avanzar sobre una cuestión concreta: qué podrá hacer exactamente la empresa adjudicataria dentro de la Administración Tributaria Provincial y qué funciones permanecerán indelegablemente en manos del Estado.
También denuncian vínculos entre oferentes
Otro cuestionamiento apunta a la composición de las empresas participantes.
Fuentes cercanas al organismo aseguran que dos de las firmas oferentes estarían vinculadas a un mismo propietario.
La existencia de una relación societaria entre empresas participantes, en caso de comprobarse, no permite por sí sola concluir que haya existido una maniobra irregular, pero sí constituye un elemento relevante que debería ser aclarado para garantizar la transparencia y competencia efectiva del concurso.
Una empresa presentó una impugnación
El proceso sumó además una objeción formal.
Karstec S.A., otra de las firmas vinculadas al procedimiento, habría presentado una impugnación cuestionando irregularidades relacionadas con los plazos y se reservó la posibilidad de acudir a la Justicia.
Esto incorpora una dimensión administrativa y eventualmente judicial al conflicto.
Mientras el concurso continúa su curso, los cuestionamientos comienzan a concentrarse en tres aspectos: el costo multimillonario de la contratación, las facultades que recibirá la empresa privada sobre la estructura de la ATP y las presuntas vinculaciones entre algunos de los participantes.
Frente a la magnitud económica y a la importancia estratégica de la ATP para las finanzas chaqueñas, será clave que el Gobierno provincial explique públicamente el alcance de la contratación y despeje las dudas planteadas sobre el procedimiento.
Diario Colonia Elisa – Informate Bien
