Un informe del Instituto Argentina Grande ubica al Chaco entre las jurisdicciones donde más se redujo, en términos reales, el gasto de Vialidad Nacional. El dato contrasta con el fuerte incremento del Impuesto a los Combustibles Líquidos y vuelve a poner bajo discusión qué obtiene la provincia de su relación política y financiera con el Gobierno de Javier Milei.
El deterioro de las rutas nacionales y la paralización de buena parte de la obra pública vuelven al centro del debate en Chaco.
De acuerdo con datos difundidos por el Instituto Argentina Grande (IAG), la inversión de la Dirección Nacional de Vialidad destinada a la provincia registró una caída real del 83,4% entre 2023 y 2025, ubicando al distrito entre los más afectados por la contracción del gasto vial.
El fenómeno no es exclusivamente chaqueño. El IAG viene documentando una reducción generalizada de la inversión en infraestructura vial: para 2024 calculó una caída promedio del gasto de capital del 82% en términos reales y señaló que durante 2025 el nivel de inversión continuó muy por debajo del registrado antes del cambio de Gobierno.
Más impuesto al combustible, pero menos inversión en rutas
Uno de los datos que genera mayor controversia es lo ocurrido con el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).
Según el relevamiento del IAG, entre noviembre de 2023 y junio de 2026 el componente impositivo acumuló una suba nominal del 1.265%, mientras que la inflación del período fue calculada en aproximadamente 320%.
El mismo estudio sostiene que Vialidad Nacional terminó ejecutando recursos equivalentes a aproximadamente el 33% de la porción de lo recaudado por ese impuesto que le correspondía, abriendo un fuerte debate sobre el destino y utilización efectiva de fondos que tienen asignación para infraestructura vial.
El problema adquiere todavía mayor dimensión cuando se observa el estado general de las rutas.
Según datos de Vialidad recopilados por el IAG, en 2024 el 29% de la red relevada estaba en mal estado, frente al 23% registrado en la medición anterior de 2022. Al mismo tiempo, las rutas consideradas en buen estado bajaron del 54,9% al 47,5%.
Chaco y una relación cercana con Nación
El dato provincial inevitablemente abre una discusión política.
El gobernador Leandro Zdero mantiene una relación de cooperación con la administración de Javier Milei, particularmente en materia fiscal y financiera.
Esa relación permitió, entre otras cuestiones, que Chaco recibiera asistencia nacional para enfrentar vencimientos de deuda. En abril, el propio Gobierno provincial informó sobre gestiones ante Nación destinadas a conseguir financiamiento para atender compromisos inmediatos.
El Gobierno nacional había habilitado para 2026 anticipos financieros de hasta $400.000 millones por provincia para un conjunto de doce jurisdicciones, entre ellas Chaco.
Posteriormente, Chaco refinanció obligaciones con Nación. El saldo resultante del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas alcanzó $476.258 millones a favor del Estado nacional, con un esquema de devolución que se extiende hasta diciembre de 2027.
Esto demuestra que existe cooperación financiera entre ambas administraciones.
Sin embargo, esa asistencia no equivale a inversión vial.
Una cosa son anticipos, refinanciaciones y mecanismos destinados a afrontar obligaciones financieras provinciales, y otra diferente son los recursos ejecutados directamente por Vialidad Nacional sobre las rutas de jurisdicción federal.
¿Ser aliado garantiza obras?
Esa diferencia es precisamente la que instala el interrogante político.
La cercanía entre Zdero y la administración nacional no evitó que Chaco quedara entre las provincias con mayor caída de la inversión vial durante los primeros años de la gestión libertaria, de acuerdo con el relevamiento del IAG.
Pero tampoco sería correcto afirmar que Nación cortó toda asistencia al Chaco: existen transferencias financieras, anticipos y acuerdos de refinanciación documentados.
El contraste está en qué tipo de asistencia recibe la provincia.
Mientras Nación acompañó financieramente al Gobierno chaqueño para afrontar determinados compromisos, la inversión nacional destinada a infraestructura vial experimentó una fuerte contracción.
Las rutas, en el medio de la discusión
Para Chaco la cuestión tiene una importancia estratégica.
Las rutas nacionales constituyen corredores esenciales para trasladar producción agropecuaria, conectar localidades, movilizar cargas y pasajeros y vincular la provincia con Corrientes, Formosa, Santiago del Estero y Santa Fe.
El debate adquiere además una nueva dimensión porque el Gobierno nacional inició un proceso para transferir a concesionarios privados la operación y mantenimiento de distintos corredores viales.
La discusión, entonces, ya no pasa únicamente por cuánto dejó de invertir Vialidad Nacional durante los últimos años, sino también por qué modelo reemplazará al esquema anterior y cuánto terminarán pagando los usuarios por circular y financiar el mantenimiento de esos corredores.
Un dato que incomoda a la política chaqueña
El 83,4% de caída atribuido al Chaco por el informe del Instituto Argentina Grande constituye un dato político difícil de ignorar.
Para la oposición, alimentará las críticas sobre los resultados concretos de la relación de Zdero con Milei.
Para el Gobierno provincial, el análisis también deberá contemplar la asistencia financiera obtenida de Nación y las obligaciones heredadas que asegura estar afrontando. La administración chaqueña, por ejemplo, informó en agosto que había pagado otra cuota de US$34 millones correspondiente al bono internacional provincial.
La discusión puede tener distintas lecturas políticas.
Pero detrás de ellas existe una pregunta mucho más concreta para los chaqueños:
si aumenta la carga tributaria sobre los combustibles y cae drásticamente la inversión nacional en infraestructura vial, ¿cómo se financiará el mantenimiento y recuperación de las rutas que atraviesan la provincia?
Esa será una de las discusiones centrales a medida que avance el nuevo esquema vial impulsado por Nación.
Diario Colonia Elisa – Informate Bien
