Los abogados de la expresidenta exhibieron un informe elaborado a partir de una planilla de Vialidad Nacional incorporada en la causa Cuadernos. Sostienen que el Grupo Austral de Lázaro Báez recibió apenas el 0,85% de los desembolsos analizados entre 2009 y 2015. La documentación será incorporada al planteo ante Naciones Unidas y podría sustentar un recurso de revisión.
La defensa de Cristina Fernández de Kirchner abrió este martes un nuevo capítulo judicial en la causa Vialidad, cuya condena quedó firme en junio de 2025.
Los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego brindaron una conferencia de prensa en la que presentaron información que consideran novedosa y relevante para cuestionar uno de los fundamentos utilizados en la sentencia contra la expresidenta.
El elemento central es una planilla de la Dirección Nacional de Vialidad que apareció en el juicio de la causa Cuadernos, a partir de la declaración de un funcionario del organismo.
Sobre esa base, la defensa encargó un análisis técnico y ahora sostiene que los números contradicen la hipótesis de que determinados fondos públicos fueron direccionados de manera sistemática para beneficiar al empresario Lázaro Báez.
El dato central: 0,85% de los fondos analizados
Según el informe presentado por los abogados, fueron estudiados desembolsos correspondientes a una fuente específica de financiamiento vinculada al SISVIAL, entre enero de 2009 y diciembre de 2015.
Dentro de ese universo se contabilizaron 367 obras, 114 constructoras, 3.855 certificados y aproximadamente US$2.200 millones en desembolsos.
De las 51 obras involucradas en la causa Vialidad, el estudio identificó 17 financiadas mediante esa fuente.
Según los cálculos de la defensa, esas obras vinculadas a empresas identificadas como integrantes del Grupo Austral recibieron aproximadamente US$18,66 millones, equivalentes al 0,85% del total de los fondos analizados.
Este punto requiere una precisión importante: el 0,85% no representa necesariamente la participación de las empresas de Báez en toda la obra pública nacional del período, sino específicamente dentro del universo de desembolsos de la fuente presupuestaria estudiada por el nuevo informe.
IECSA aparece primera dentro de esa misma comparación
Los abogados también presentaron un ranking elaborado sobre esa base de datos.
Dentro de los desembolsos estudiados, IECSA aparece con una participación del 16,36%, seguida por JCR con 10,18%, Benito Roggio e Hijos con 9,55% y José Cartellone Construcciones Civiles con 9%.
Las empresas identificadas en el estudio como integrantes del Grupo Austral no aparecen entre las primeras 15 de esa tabla.
La defensa destacó que IECSA estuvo vinculada empresarialmente a la familia Macri —fue encabezada durante años por Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri— y utilizó esa comparación para cuestionar la tesis de un direccionamiento de esos fondos específicamente hacia Báez.
¿La nueva documentación anula la condena?
No.
La presentación realizada este martes no modifica por sí misma la sentencia ni implica que la condena haya sido anulada.
Se trata de un elemento que la defensa considera nuevo y que pretende utilizar para solicitar que el caso vuelva a ser examinado.
La situación judicial vigente continúa siendo la misma: Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La Cámara Federal de Casación Penal había confirmado esa sentencia en noviembre de 2024.
La condena quedó firme en junio de 2025 tras la intervención de la Corte Suprema, y actualmente la expresidenta cumple la pena bajo modalidad domiciliaria.
La defensa buscará un recurso de revisión
Beraldi sostuvo que la documentación constituye, a criterio de la defensa, un elemento que no estaba disponible cuando se dictó la sentencia y anticipó que será utilizado para evaluar un recurso de revisión.
Los abogados pretenden además solicitar eventualmente la suspensión de los efectos de la condena mientras se analiza ese planteo, incluyendo la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Que el recurso sea presentado no significa que la sentencia quede automáticamente suspendida: esa será una cuestión que deberá resolver el tribunal competente.
También llevarán los nuevos datos a Naciones Unidas
La estrategia judicial tiene además una instancia internacional.
La defensa de Cristina Kirchner presentó en julio una comunicación ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde cuestionó el proceso judicial y solicitó distintas medidas.
Ahora pretende incorporar este nuevo informe al expediente internacional.
Los abogados solicitaron, entre otros puntos, medidas relacionadas con la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y las condiciones de la prisión domiciliaria. Según explicaron, una decisión sobre el fondo del planteo internacional podría demandar bastante más tiempo que las solicitudes cautelares.
Una nueva discusión sobre una condena que permanece firme
La aparición de esta documentación abre un nuevo frente para la defensa de la expresidenta, pero su alcance jurídico deberá ser determinado por los tribunales.
Para los abogados de Cristina Kirchner, el porcentaje del 0,85% contradice una parte central de la argumentación que atribuyen a la condena: que determinados mecanismos de financiamiento vial fueron utilizados para favorecer a Báez.
La sentencia firme, por otra parte, estableció responsabilidades penales por irregularidades y desvío de fondos vinculados a la adjudicación y ejecución de obra pública vial en Santa Cruz.
La cuestión que deberá resolverse ahora es estrictamente judicial: si los nuevos datos tienen entidad suficiente para habilitar una revisión de una condena que ya se encuentra firme.
Por el momento, la documentación representa una nueva prueba invocada por la defensa, no una decisión judicial que haya revertido el fallo.
Diario Colonia Elisa – Informate Bien
