Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía Luis Caputo y director del BICE, quedó en el centro de la controversia por los préstamos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y dirigentes vinculados al Gobierno. Según la información surgida de su declaración jurada, accedió a un crédito por unos US$315.000 y adquirió una propiedad de 389 metros cuadrados en San Isidro. El funcionario rechazó cualquier irregularidad y aseguró que obtuvo el préstamo bajo las mismas condiciones disponibles para cualquier cliente que calificara.
Los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a integrantes del Gobierno nacional continúan generando repercusiones políticas.
Esta vez, el foco quedó puesto sobre Felipe Núñez, economista cercano a Luis Caputo, integrante de su equipo y director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
La controversia surgió después de conocerse que Núñez obtuvo un préstamo hipotecario por aproximadamente 315.000 dólares del Banco Nación y posteriormente incorporó a su patrimonio una vivienda de 389 metros cuadrados ubicada en San Isidro, uno de los distritos de mayor valor inmobiliario del área metropolitana.
La propiedad apareció en su declaración jurada
La información fue difundida inicialmente por el periodista Ari Lijalad, quien analizó la declaración jurada patrimonial del funcionario.
Según esos registros, el 1 de noviembre de 2024 Núñez incorporó a su patrimonio el inmueble de San Isidro.
El caso comenzó a generar cuestionamientos después de conocerse que no sería el único funcionario o dirigente oficialista que accedió a créditos hipotecarios de la banca pública.
Entre los nombres mencionados en torno a estas operaciones aparecen también Federico Furiase, Sharif Menem y el diputado Santiago Santurio.
Núñez respondió: “Fuimos como cualquier hijo de vecino”
Frente a las críticas, el propio funcionario salió públicamente a defender la operación.
“Nosotros no hicimos nada ilegal ni inmoral”, sostuvo.
Núñez aseguró que tanto las condiciones como la tasa y el plazo del préstamo eran los mismos que ofrecía la entidad a cualquier persona que cumpliera con los requisitos crediticios.
“Fuimos como cualquier hijo de vecino que es apto crédito a sacar un crédito a la misma tasa y plazo que puede sacar todo el mundo”, manifestó.
También explicó que eligieron el Banco Nación porque allí percibían sus salarios.
¿Hubo privilegios para funcionarios?
Esa es precisamente la cuestión que ahora alimenta la polémica.
Que un funcionario obtenga un préstamo de un banco público no constituye por sí mismo una irregularidad. Para sostener que existió un beneficio indebido sería necesario demostrar que recibió condiciones diferentes, preferencias en la evaluación o un tratamiento que no estaba disponible para otros clientes en circunstancias equivalentes.
Las críticas apuntan a determinar si los préstamos fueron concedidos estrictamente bajo las condiciones generales de la línea hipotecaria o si existió algún tipo de trato preferencial hacia funcionarios.
Hasta el momento, las sospechas y cuestionamientos políticos sobre eventuales preferencias no equivalen a una comprobación de irregularidades.
La contradicción política que señalan los críticos
El episodio también abrió otra discusión.
Dirigentes y funcionarios identificados con el ideario libertario han cuestionado reiteradamente el tamaño del Estado y defendido una reducción de su intervención en diferentes áreas de la economía.
Sin embargo, varios integrantes del oficialismo recurrieron al Banco Nación, una entidad financiera pública, para financiar la adquisición de viviendas.
La contradicción señalada por sus críticos no está en solicitar legalmente un crédito disponible, sino en la distancia que observan entre un discurso fuertemente crítico del Estado y la utilización de herramientas crediticias proporcionadas precisamente por una institución estatal.
El antecedente dentro del Gobierno que aumentó la controversia
El debate tomó mayor dimensión después de otro episodio ocurrido dentro de la administración nacional.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, desplazó a su entonces jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, luego de conocerse que había recibido un crédito del Banco Nación superior a los $400 millones.
Ese antecedente terminó elevando la vara política dentro del propio Gobierno y provocó que comenzaran a revisarse públicamente otros préstamos otorgados a funcionarios.
Ahora el caso de Núñez vuelve a colocar la discusión sobre el mismo punto.
El asesor de Caputo sostiene que cumplió todos los requisitos y que recibió exactamente las mismas condiciones disponibles para cualquier cliente.
Sus críticos, en cambio, reclaman que se determine si funcionarios y dirigentes vinculados al poder político tuvieron algún tipo de ventaja para acceder a préstamos de montos elevados.
La cuestión central, por lo tanto, no es que un funcionario pueda solicitar un crédito hipotecario. La pregunta que deberá despejarse es si todos los ciudadanos que reunían condiciones equivalentes tuvieron realmente las mismas posibilidades de acceder a esos préstamos.
Diario Colonia Elisa – Informate Bien
