La propuesta buscaba reabrir y mantener funcionando las sedes Exen Illia, Santiago del Estero y Las Heras mediante un fideicomiso administrado transitoriamente. Sin embargo, el fiscal federal Patricio Sabadini se opuso al considerar que el esquema permitiría continuar explotando bienes que, según la hipótesis de la Fiscalía, están vinculados a presuntas maniobras de lavado de activos. La decisión definitiva ahora deberá tomarla la Justicia Federal.
La situación de los trabajadores de Exen Gym abrió un nuevo capítulo dentro de la investigación federal por presunto lavado de activos que alcanza a la conocida cadena de gimnasios chaqueña.
Ante las medidas cautelares que afectan a la empresa, los empleados buscaron una alternativa para mantener abiertas tres sucursales y preservar sus fuentes laborales mientras continúa el proceso judicial.
La propuesta, presentada por el abogado Mladen Ignacio Sincovich en representación de los trabajadores, contemplaba la creación de un Fideicomiso de Administración y Explotación Transitoria para las sedes Exen Illia, Exen Santiago del Estero y Exen Las Heras.
Pero el fiscal federal Patricio Nicolás Sabadini, titular de la Unidad Fiscal Resistencia, dictaminó en contra.
¿Por qué Sabadini se opuso?
El eje de la discusión está en qué ocurriría jurídicamente con los bienes alcanzados por las medidas cautelares.
Los trabajadores sostienen que el fideicomiso permitiría administrar temporalmente los gimnasios, mantenerlos operativos y conservar los puestos de trabajo sin sacar los activos del control judicial.
La Fiscalía interpreta lo contrario.
Sabadini consideró “contradictorio” hablar simplemente de administración y conservación cuando la constitución de un fideicomiso supone una transmisión de la propiedad fiduciaria.
Es decir, para el fiscal no se trataría únicamente de dejar que los empleados abran las puertas y continúen trabajando, sino de establecer una nueva estructura jurídica para administrar y explotar comercialmente bienes que están cautelados dentro de una investigación penal.
La Fiscalía sostiene que los bienes están vinculados a las maniobras investigadas
Este es probablemente el argumento más fuerte del dictamen.
Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, las empresas investigadas habrían sido utilizadas para insertar, disimular y reciclar fondos presuntamente provenientes del narcotráfico u otros delitos, dándoles apariencia de inversiones y operaciones comerciales legítimas.
Entre las personas jurídicas alcanzadas por la investigación aparecen EXENGYM S.R.L., RANA S.R.L., EXEN ACADEMY S.A.S. y PAMPAFITNESS S.A.S.
La Fiscalía había solicitado extender la acción penal contra esas sociedades en los términos de los artículos 303 y 304 del Código Penal.
Además, sobre las empresas ya habían sido dispuestas medidas cautelares y el MPF pidió la suspensión temporal de sus actividades comerciales y de su personería jurídica.
Por eso, desde la óptica de Sabadini, autorizar ahora que los activos continúen siendo explotados comercialmente mediante un fideicomiso entraría en contradicción con las medidas que impulsa la propia acusación.
Incluso sostuvo que los bienes serían, según la hipótesis fiscal, “producto de las maniobras delictivas investigadas”, por lo que permitir su explotación podría significar, bajo ese razonamiento, una “continuidad del delito en el tiempo”.
Es importante remarcar que esta es la posición de la Fiscalía dentro de una investigación en curso y no una sentencia que haya determinado definitivamente el origen ilícito de los bienes.
Otro punto cuestionado: quién administraría los gimnasios
Sabadini también objetó la estructura propuesta para el fideicomiso.
Uno de sus cuestionamientos fue que las propias sociedades imputadas actuarían como fiduciantes, pese a que el Ministerio Público Fiscal solicitó la suspensión temporal de su personería jurídica.
Pero hubo otro nombre que generó especial rechazo.
La propuesta contemplaba que Juan Martín Castillo Cassiet actuara como fiduciario debido a su conocimiento previo de los circuitos administrativos, financieros, proveedores y funcionamiento operativo de las empresas.
Para quienes impulsan la alternativa, ese conocimiento facilitaría mantener funcionando los establecimientos.
Para Sabadini, ocurre exactamente lo contrario.
El fiscal consideró que ese vínculo y conocimiento previo lo vuelven “totalmente inconveniente” para asumir la administración de activos que están siendo investigados dentro de una causa por presunto lavado.
El dilema: preservar empleos sin comprometer los bienes investigados
Detrás de la discusión jurídica aparece un problema concreto: qué ocurre con los trabajadores mientras avanza una causa penal que puede prolongarse en el tiempo.
El planteo de los empleados intenta separar su situación laboral de las responsabilidades que eventualmente pudieran determinarse sobre empresarios, sociedades o personas investigadas.
En términos simples, la propuesta de los trabajadores podría resumirse así: mantener funcionando los gimnasios bajo control judicial para preservar los empleos mientras se resuelve la causa.
La Fiscalía responde que no corresponde hacerlo mediante un mecanismo que permita continuar explotando bienes que considera vinculados a las maniobras investigadas.
Ahí se encuentra el núcleo del conflicto.
Sabadini dictaminó, pero no tiene la última palabra
Existe además una diferencia fundamental.
Los gimnasios no quedaron definitivamente impedidos de funcionar bajo el fideicomiso simplemente por la oposición del fiscal.
Sabadini emitió su dictamen el 9 de septiembre, expresando formalmente por qué considera que el pedido de los trabajadores debería ser rechazado.
Ahora la decisión queda en manos de la jueza federal interviniente, que deberá analizar la propuesta, la posición del Ministerio Público Fiscal y la situación de los trabajadores.
La magistrada podría acompañar el criterio fiscal o resolver de otra manera dentro de las posibilidades legales del expediente.
Una causa penal y puestos de trabajo en el medio
El caso coloca frente a frente dos cuestiones sensibles.
Por un lado, la necesidad de preservar y controlar activos que están alcanzados por una investigación federal por presunto lavado de dinero.
Por el otro, los trabajadores que buscan conservar sus empleos y continuar desarrollando una actividad laboral mientras la Justicia determina las responsabilidades penales.
La oposición de Sabadini no se fundamenta formalmente en que los empleados no deban conservar sus puestos de trabajo, sino en que el fideicomiso propuesto no sería, a criterio de la Fiscalía, una herramienta jurídicamente compatible con las medidas adoptadas sobre las sociedades y sus bienes.
Ahora será la Justicia Federal la que deberá resolver si prevalece ese criterio o si existe una alternativa que permita compatibilizar la preservación de los activos investigados con la continuidad laboral.
Diario Colonia Elisa – Informate Bien
