La Fiscalía de Investigaciones N.º 1 de Sáenz Peña readecuó la imputación contra Lidia Mabel Ojeda, investigada por ejercer presuntamente la medicina sin título ni matrícula en el Hospital de Quitilipi. La causa se agravó a partir de la muerte de Lorenzo Blanco y también alcanza a los exdirectores Carina Villalba y Daniel Acuña, a quienes el Ministerio Público atribuye participación necesaria en delitos vinculados al ejercicio ilegal y al homicidio con dolo eventual.
La investigación por el denominado caso de la “falsa médica” del Hospital de Quitilipi ingresó en una instancia judicial mucho más compleja.
El fiscal de Investigaciones N.º 1 de Presidencia Roque Sáenz Peña, Marcelo Soto, readecuó las imputaciones contra Lidia Mabel Ojeda y avanzó además sobre las responsabilidades que, según la hipótesis fiscal, habrían tenido quienes estuvieron al frente del establecimiento sanitario.
La causa tiene como uno de sus puntos centrales la muerte de Lorenzo Blanco, quien habría recibido atención de Ojeda antes de sufrir un grave deterioro en su estado de salud y posteriormente fallecer.
De acuerdo con la investigación, Ojeda habría realizado tareas propias de una profesional médica y cubierto guardias dentro del hospital sin contar con título ni matrícula habilitante.
Agravaron la situación procesal de Ojeda
La Fiscalía ya investigaba a Ojeda bajo la figura de homicidio con dolo eventual y ahora incorporó cargos relacionados con la usurpación de título y el ejercicio ilegal de la medicina.
El planteo fiscal considera estas conductas dentro de un concurso de delitos, circunstancia que podría modificar la eventual escala penal aplicable si finalmente existiera una condena.
Sin embargo, se trata todavía de imputaciones y de la hipótesis sostenida por el Ministerio Público Fiscal. La responsabilidad penal de los acusados deberá determinarse durante el proceso judicial y mediante una sentencia.
Dos exdirectores quedaron seriamente comprometidos
La novedad de mayor impacto institucional alcanza a Carina Villalba y Daniel Acuña, quienes estuvieron al frente de la dirección del Hospital de Quitilipi en diferentes períodos.
El fiscal Soto les atribuyó inicialmente un presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, bajo la hipótesis de que no se habrían realizado los controles necesarios sobre la documentación y habilitación profesional de Ojeda antes de permitirle desarrollar tareas médicas.
Pero la nueva acusación va más lejos.
Según la información conocida, la Fiscalía los considera partícipes necesarios del ejercicio ilegal de la medicina y del homicidio con dolo eventual atribuido en relación con la muerte de Lorenzo Blanco.
Esta calificación representa un cambio sustancial en la situación procesal de los exfuncionarios.
La Fiscalía pone el foco sobre los controles del hospital
La investigación ya no se concentra exclusivamente en determinar cómo Ojeda habría logrado ejercer funciones médicas sin las correspondientes credenciales.
Ahora también intenta establecer cómo pudo desempeñarse dentro de un hospital público sin que los mecanismos administrativos y profesionales detectaran la presunta irregularidad.
La hipótesis fiscal apunta precisamente hacia ese punto.
Para la acusación, las supuestas omisiones de control y supervisión habrían sido determinantes para posibilitar que Ojeda realizara guardias y atendiera pacientes.
El desafío judicial será demostrar si esas presuntas omisiones alcanzan el nivel de participación penal que sostiene la Fiscalía y, especialmente, si existe el vínculo jurídico requerido entre la actuación de los exdirectores y la muerte del paciente.
¿Qué significa “homicidio con dolo eventual”?
La calificación elegida por la Fiscalía es particularmente grave.
El dolo eventual no significa necesariamente que una persona haya tenido como objetivo directo provocar una muerte. En términos generales, supone que el acusado habría advertido la posibilidad de que su conducta produjera un resultado fatal y, pese a ello, habría continuado actuando aceptando ese riesgo.
Precisamente por la gravedad de esa figura, su aplicación deberá ser discutida y probada dentro del expediente.
En el caso de los exdirectivos, además, la Fiscalía deberá sostener jurídicamente por qué las conductas que les atribuye permiten considerarlos partícipes necesarios y no solamente responsables de una eventual irregularidad administrativa.
El caso adquiere una dimensión institucional
La causa abre además interrogantes que exceden las responsabilidades individuales.
Si judicialmente se confirma que una persona sin título ni matrícula llegó a atender pacientes y realizar guardias dentro de un hospital público, será necesario determinar qué controles fallaron, quién autorizó su incorporación, durante cuánto tiempo desarrolló esas tareas y qué documentación fue presentada o requerida.
También deberá establecerse cuántos pacientes fueron atendidos durante ese período y qué responsabilidades administrativas podrían surgir.
La muerte de Lorenzo Blanco colocó ahora esas preguntas dentro de una investigación penal mucho más grave.
Con las nuevas imputaciones dispuestas por la Fiscalía, Ojeda, Villalba y Acuña enfrentan acusaciones de considerable gravedad, pero conservan su estado jurídico de inocencia mientras no exista una sentencia firme que determine responsabilidades.
La Justicia deberá establecer finalmente no solo qué ocurrió con Lorenzo Blanco, sino cómo una persona presuntamente sin habilitación profesional pudo llegar a ejercer tareas médicas dentro del Hospital de Quitilipi y quiénes fueron responsables de permitirlo.
Diario Colonia Elisa – Informate Bien
