Una cacería policial muy floja de papeles

Tras la movilización en Plaza de Mayo convocada por familiares y organizaciones sociales y de derechos humanos, la jueza María Servini ordenó liberar a once de los 16 manifestantes que seguían detenidos desde el miércoles pasado, cuando fueron capturados durante la cacería policial en las inmediaciones del Congreso. Para todos los excarcelados, la jueza dictó falta de mérito: reconoció que, pese a haber revisado más de cien horas de filmaciones de la represión, no encontró pruebas para sostener la acusación por disturbios ni mucho menos por “terrorismo” o “atentado contra la democracia”, entre otras barbaridades por el estilo que inventó el Gobierno –a través de un comunicado crimininalizante de la Oficina del Presidente– y luego recogió el fiscal Carlos Stornelli. En paralelo, Servini procesó con prisión preventiva a cinco personas, aunque no les atribuyó un intento de golpe de Estado ni nada similar.

El Presidente Javier Milei, claramente en sintonía con el fiscal pero no tanto con la jueza, sostuvo en una entrevista televisiva que quienes protestaron contra la Ley Bases y cayeron en manos de las fuerzas de seguridad “son delincuentes” y “tienen que estar todos encerrados”. En Comodoro Py, mientras tanto, quedó radicada una nueva denuncia que compromete al Gobierno. Un grupo de once diputados y diputadas de Unión por la Patria empujados y gaseados por la Prefectura en medio de la movilización, denunciaron a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por apremios ilegales, vejaciones y abuso de autoridad.

«Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. No son presos políticos, son delincuentes que estaban cometiendo delitos y como consecuencia de eso, el que las hace las paga. Tienen que estar todos encerrados por haber cometido delitos”, opinó Milei consultado sobre la represión durante una entrevista televisiva el martes a la noche. El Presidente argumentó que él no está “en contra de las manifestaciones”, pero que “eso no quiere decir que tienen que estar rompiendo la ciudad o la plaza y vandalizando negocios”. Lo curioso respecto de esos dichos es que, tal como reveló Página/12, la policía miró sin intervenir cuando un grupo de encapuchados con olor a servicios, que salieron impunes, prendían fuego al móvil de Cadena 3, cuyas imágenes hegemonizaron la cobertura mediática de ese día. 

Para colmo, Milei metió en medio de la discusión a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. «Quizás para ella la democracia sea tirar bombas, secuestrar gente, matar civiles, o tratar de tomar el poder por la fuerza para llevar a cabo la revolución comunista», apuntó. «Quizás ella añora ese pasado sangriento de la Argentina, donde un puñado de violentos intentaron tomar el poder por las armas», agregó. 

De la lista inicial de 33 detenidos, sólo quedan cinco: Patricia Calarco Arredondo, David Sica, Cristián Fernando Valiente, Roberto María de la Cruz Gómez y Facundo Ezequiel Gómez. Todos ellos fueron procesados por Servini, bajo la clásica figura antiprotesta de “atentado a la autoridad”. Seguirán tras las rejas en Ezeiza y en la Unidad 28 (Palacio de Justicia). Sobre ellos la jueza dice tener algunas medidas probatorias (videos y capturas de cámaras que, en algunos casos, no están individualizadas) que le permiten sostener la acusación.

«Fue una itimidación»

«El ataque a los diputados fue el primer hecho de violencia ese día. Además de ser un acto más de agresión al Congreso Nacional, el presidente ha cometido muchos, tenía un objetivo: que a través de los medios de comunicación quien todavía no se había acercado a la plaza viera ese ataque despiadado y desproporcionado», sostuvo Leopoldo Moreau desde la Cámara de Diputados, donde el bloque de Unión por la Patria dio una conferencia de prensa para presentar la denuncia penal contra Patricia Bullrich. Fue, evaluó, «una intimidación» como para que quien quisiera movilizarse pensara «si a diputados nacionales se los ataca con esa saña, qué me puede pasar a mí que soy un ciudadano que no está en las mismas condiciones». Moreau explicó que en cada movilización estos legisladores/as sale a la calle a participar y no han tenido problemas, ni tampoco hubo represión, en aquellas donde los operativos no estuvieron comandados por Bullrich (sino por la Ciudad de Buenos Aires). Como siempre, contó, «salimos hacia la avenida Entre Ríos, que desde la noche anterior estaba cortada por las propias fuerzas de seguridad». 

La denuncia penal, que le tocó al juez Ariel Lijo, señala que diputados y diputadas habían ido a «acompañar a los manifestantes en su derecho constitucional de protesta», además de ejercer el propio y posicionarse como «interlocutores» con las fuerzas de seguridad. En una escena que quedó filmada por canales de televisión y teléfonos celulares, una hilera de agentes de Prefectura comenzó a marchar a lo ancho de la avenida Entre Ríos en dirección a Rivadavia encabezados por dos policías federales que pedían con megáfono abrir paso en esa calle que ellos mismos cortaban y donde había gente dispersa. Los legisladores se identificaron como tales a viva voz ante los efectivos en una actitud tranquila y la respuesta inmediata consistió en «empujones y agresiones» y «descargas de gas» en la cara, por lo que varios terminaron hospitalizados. 

Quienes firman la denuncia, además de Moreau y Castagneto, son Carolinia Yutrovic, Eduardo Valdés, Juan Manuel Pedrini, Luis Basterra, Lorena Pokoik, Adrea Graciela Freites, Gabreial Pedrali, Ernesto Nader Alí y Gustavo Ramiro Fernández Patri.  

Más voces en el Congreso

Al comienzo de la conferencia el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, se refirió a la «represión planificada» y en este caso «dirigada los diputados nacionales» que «demuestra el desprecio de Milei con el Congreso argentino y la división de poderes». Mencionó también la ofensiva para acallar periodistas e instalar un «régimen de excepción contra las garantías constitucionales». La diputada fueguina Yotrovic, protagonista de la escena con la Prefectura, relató: «apenas les quisimos decir unas palabras un efectivo, desde atrás, arteramente nos tiró gas pimienta en la cara. Todos quedamos ciegos en el momento, sin poder respirar, que es lo que provoca ese gas, y nos seguían empujando con sus escudos. Estaban sacados. La orden era ´saquen a los diputados de ahí'». 

«No podmeos entender esta manera de hacer política. La política es el diálogo, es la concertación, es el debate, podemos congeniar o no con algunas posiciones, pero en un proyecto de ley cuando se quiere poner un protocolo antipiquetes quiere decir que la ley no es buena para el pueblo. Entocnes cuando nuna ley no es buena para el pueblo, siempre nos van a encotnrar al lado de ellos , es como lo hicimos siempre», clamó Castagneto. Pokoik pidió por favor no «naturalizar la violencia institucional».