Un giro cavernícola en política exterior

La delegación argentina ante la OEA lanzó una bomba de oposición a los temas LGBTI, género y otros relacionados con derechos humanos en las negociaciones de las resoluciones a ser aprobadas en la Asamblea General de la OEA de la semana próxima, con el objeto de hacer retroceder el texto acordado en años anteriores.

Esto sucedió luego de más de un mes de discusión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) de la OEA en Washington, donde se debatió el texto de las resoluciones que serán aprobadas en la próxima 54ª Asamblea General de la OEA que se celebrará en Asunción, Paraguay, entre el 26 y 28 de junio próximo.

“Cambio climático”, “criminalización y persecución de la protesta social”, “perspectiva de género”, son algunos los conceptos clave que el Gobierno argentino no quiere ni escuchar nombrar. Página12 tuvo acceso al borrador en el que trabaja la Cancillería, en el que pueden leerse estas propuestas de cambios al texto original.

Una mirada de lo que la delegación ante la OEA cuestiona da una idea del marcado giro en la política exterior en materia de derechos humanos. En un repaso de lo que se propone sumar, reescribir y borrar quedan a la vista las posiciones oficiales en muchos temas que van desde derechos sexuales y reproductivos hasta los ambientales, pasando por racismo, personas con discapacidad, comunidades indígenas, afrodescendientes, infancias y más. En términos generales, y en contradicción con la propia legislación nacional, el gobierno de Milei propone barrer con casi cualquier referencia a la “población lgbti” y “género” en el texto de esa resolución.

En el apartado en el que OEA expresa su preocupación por las situaciones de peligro a las que los activistas por los Derechos Humanos (a los nombra como “defensores”) se ven expuestos en los distintos países miembros, la Argentina pide que se reconsidere especialmente el fragmento en el que se condena la criminalización de la protesta. Lo mismo cuando se dice que se debe tener en cuenta la situación de las mujeres activistas, de derechos humanos, que “corren riesgos específicos, incluida la violencia sexual y de género”.

“Prácticamente han tachado toda la sección de ‘Defensores de DDHH’. Esa sección está todos los años. Está consolidada. No sorprende que este Gobierno, y lo digo en un marco en el que todavía hay personas detenidas por manifestarse contra la Ley Bases, ataque justamente esa sección”, señala la histórica activista lesbiana María Luisa Peralta.

El gobierno también se opone al pasaje en el que el organismo señala su preocupación por la violencia a la que están expuestas las infancias lgbti, en por ejemplo, la escuela. Sugiere que se borre ese fragmento alegando que considera que esa redacción “viola gravemente la libertad de educación y, en particular, las ideologías de las escuelas privadas”.

También está en contra de condenar “la discriminación, los discursos y manifestaciones de odio, la incitación y los actos de violencia motivados (…) por razón de su orientación sexual, identidad y/o expresión de género y sus características sexuales”, con el argumento de que esa sugerencia atenta contra la libertad de expresión.

En un gesto completamente inédito, además, Argentina plantea objeciones al compromiso que la OEA propone reafirmar frente a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará (a la que nuestro país adhiere desde 1994). Habla por sí sola también la sugerencia de cambiar la definición de “Salud sexual y reproductiva” de las mujeres, por la de “salud integral”.

En comentarios que hace Argentina tacha el término “género” cada vez que aparece, un gesto que en el contexto de Naciones Unidas se suele ver como propuesta de países de la Unión Africana, países musulmanes, el Vaticano (que es Estado observador), Rusia, Hungría. “Países con posiciones conservadoras extremas. Pero además, en esta oportunidad el gobierno de Milei ha tachado en la resolución, la mención a ‘mujeres y niñas’. Eso sí que no lo hemos visto nunca”, asegura María Luisa Peralta.

En el apartado sobre asuntos ambientales, cada vez que aparecen las palabras “cambio climático”, los comentarios de la delegación local aparecen para cuestionar: «Argentina considera que no corresponde a las declaraciones sobre derechos humanos pronunciarse sobre discusiones de carácter científico.»

Cada vez que en el texto aparece el concepto de “Agenda 2030”, Argentina remarca su postura contraria. La Agenda 2030 son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) u Objetivos Globales, 17 metas interconectadas establecidas en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (AG-ONU), que incluyen, entre otros, horizontes como: “Hambre cero”, “Igualdad de género”, “Reducción de las desigualdades”, “Acción por el clima”, “Energías no contaminantes”.

“Toman posiciones muy extremas. Se oponen a toda mención de la Agenda 2030, de Naciones Unidas, que plantea objetivos que los estados en conjunto deberían intentar avanzar. El núcleo central tiene que ver con la pobreza y condiciones muy elementales como el acceso al agua potable y la lucha contra la pobreza. También se habla de ambiente y por supuesto, si hablamos de pobreza, hablamos también de género”, explica María Luisa Peralta. 

“El gobierno de Milei se opone, al igual que otros de ultraderecha, porque consideran que eso es parte del ‘globalismo’. Una supuesta gran conspiración de espacios multilaterales que pasaría por arriba de la soberanía. Lo cual no es cierto porque los estados son miembros de esos espacios y todos los documentos que se discuten ahí son negociados por todos.”

Esteban Paulon, diputado nacional con una larga trayectoria en el activismo lgbti, expresó ante este diario su preocupación por el giro retrógrado que ha llevado adelante el gobierno de Javier Milei, asesorado por Úrsulla Basset, una abogada ultraconservadora, que fue una de las principales caras contra la ley de matrimonio igualitario, que ahora estrena nuevo cargo en Cancillería. “Nuestro país fue desde hace más de dos décadas pionero en el ámbito internacional. Incluso con el de Mauricio Macri esto continuó siendo así: un país pionero en impulsar legislación y herramientas internacionales de protección del colectivo lgbti.”

“Nos preocupa no sólo por lo que implica en el ámbito internacional, sino porque anticipa un recrudecimiento en cuestionamiento de los derechos puertas adentro. Justamente uno de los temas en los cuales la delegación argentina se centra es en cuestionar la legislación que prohíbe los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género de las personas”, dice Paulon en referencia a las llamadas “terapias de reconversión” de la identidad sexual.

“No es novedad que la derecha de Cambiemos, Liberatarios y peronistas, radicales y cívicos cómplices vinieron a descarrilar a nuestro país en el modelo de exclusión anterior a la Ley Sáenz Peña”, agrega Flavio Rapisardi doctor en comunicación y activista lgbti. “Las sugerencias ante la OEA no se privan de nada de lo que está mal y es de mala gente: los planes de miseria planificada dejan a la vista en lo que insistimos desde los años 90: las “diferencias” (étnicas, sexogenéricas, geográficas, corporales) son pretextos para reproducir la desposesión, por eso quizá sea hora de una doble movimiento: juicio político a Milei y sus cómplices y que los movimientos de las diferencias abandonen sus góndolas de confort y asuman las alianzas políticas anti autoritarias: nunca más pueden estar en la Marcha del Orgullo cómplices como Coalición Cívica, PRO y UCR”.