El oficialismo porteño aprobó en la Legislatura la incorporación de la figura de «reiterancia delictiva» en el Código Penal (CP) de la Ciudad de Buenos Aires. Ante un fuerte rechazo de la oposición y organismos de derechos humanos, el oficialismo contó con el apoyo de sus bloques aliados e incorporó así la figura que permitirá dictar prisiones preventivas para personas que tengan procesos penales abiertos pero sin condena. Los organismos denunciaron que la ley viola garantías constitucionales y que se utilizará para perseguir a la protesta social.
Las modificaciones al CP fueron aprobadas con 36 votos a favor y 21 en contra en la sesión de este jueves. Los rechazos fueron de los bloques de Unión por la Patria (UxP) y del Frente de Izquierda (FIT), mientras que los votos positivos llegaron por parte del PRO, UCR-Evolución, Confianza Pública y La Libertad Alianza. La figura de «reiterancia delictiva» se incorporará así al listado de «antecedentes» con que un juez cuenta para el dictado de prisiones preventivas ante «peligros de fuga». De esta manera, el magristado tendrá la potestad de determinar una preventiva si una persona es detenida y tiene «múltiples
procesos penales» en instancia de requerimiento de elevación a juicio, siempre que se trate de delitos dolosos.
La discusión del proyecto comenzó alrededor de las 14 con discursos del oficialismo que estuvieron protagonizados por el remanido slogan de la «puerta giratoria» para los delincuentes. La diputada Gimena Villafruela, presidenta de la Comisión de Seguridad, fue la primera en tomar la palabra y lo expresó en términos más elegantes: «El proyecto aborda la problemática
que tiene que ver con los delincuentes reiterantes, personas que se encuentran
en constante conflicto con la ley y que ponen en riesgo
a la sociedad en general», anunció como informante del proyecto, y agregó que la incorporación de la «reiterancia» busca «la disuasión de futuras conductas delictivas«.
«Proponer una prisión preventiva por reiterancia sin condena es inconstitucional. Lo que se busca es multiplicarla y de una forma arbitraria, cuando sólo puede utilizarse en los casos establecidos por la Constitución«, respondió más tarde la legisladora de UxP Victoria Freire. El planteo de inconstitucionalidad ya había sido sostenido, antes, por la diputada y abogada Graciana Peñafort, que advirtió que la figura de la reiterancia «vulnera principalmente el principio de inocencia, concepto que es espantosamente omitido por este proyecto, que pretende tratar como culpables a personas que tienen pedido de elevación a juicio en una causa anterior, por lo que todavía no tienen sentencia«.
«Se modifican los principios que rigen la Constitución de nuestro país: hay una presunción ya no de inocencia sino de delito, porque sin juicio ni condena ya se considera una reiterancia delictiva», sostuvo en el mismo sentido el legislador del FIT Gabriel Solano. Antes de la sesión, los y las diputadas de esa fuerza habían realizado un acto frente a la Legislatura del que también participó Victoria Montenegro (UxP), presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Encabezado por Celeste Fierro, en el acto se presentó un petitorio por el rechazo del proyecto que llevó la firma de más de 40 organismos: desde Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora hasta el CELS, pasando por Correpi o H.I.J.O.S. Capital.
El documento advertía, entre otros puntos, que la figura de «reinterancia» «viola el principio de inocencia, ya que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario«. Además, sostenía que la aprobación de la ley «implica un avance injustificado de criterios punitivistas y criminaliza la protesta
social«. Este último punto fue uno de los más mencionados por parte de los legisladores y legisladoras de la oposición, que señalaron que la figura incorporada al Código podría ser utilizada de forma arbitraria para dictar prisiones preventivas a manifestantes.
Freire, por caso, ejemplificó con las detenciones ocurridas este miércoles en el marco de la jornada de protesta contra la Ley Bases. «La Policía detuvo gente mientras estaba desconcentrando y sin cometer ningún delito. Todos
estos casos son detenciones que terminan caratuladas como ‘resistencia a
la autoridad‘, que es la figura que más se utiliza en la ciudad», advirtió. La oposición plantea que, de llegar a la instancia de requerimiento de elevación a juicio, esas mismas detenciones pueden ser utilizadas como «antecedente» por cualquier juez a la hora de dictar una prisión preventiva. En Mendoza, por ejemplo, ya se aplica la reiterancia y en febrero fueron detenidos con esa figura dos militantes del Partido Obrero en el marco de una movilización contra la entonces llamada ley ómnibus.
El texto aprobado en el recinto, que recibió varias modificaciones al articulado original que bajó desde el Ejecutivo, prevé una excepción que, según el oficialismo, busca evitar que se produzcan esas situaciones. Es que el artículo incorporado indica que «los hechos investigados en el marco del ejercicio de la libertad de expresión, a manifestarse o a peticionar frente a las autoridades» quedan exceptuados en la aplicación de la reiterancia. Sin embargo, la oración siguiente aclara que esa excepción regirá «siempre y cuando no concurran con delitos contra las personas o daños a la propiedad«. En su discurso, la propia Villafruela aseguró que «ejemplo
de esto es la situación de extrema violencia que hemos vivenciado en el día de ayer«, en referencia a los detenidos en la movilización.
Pero la modificación del CP también recibió otras críticas en torno a la eficiencia de su utilización en el marco de una ciudad que viene atravesando una crisis de sobrepoblación carcelaria, que incluyó cuatro fugas consecutivas a principios de abril. La legisladora Claudia Neira (UxP) sostuvo que si se aplica la figura incorporada «va a ser un desastre porque no se ocuparon antes de que haya un Servicio Penitenciario propio ni de que haya cárceles». «Y encima ahora van a agravar aún más la situación poniendo detenidos en containers, que los vecinos piden por favor no les pongan en las comisarías de sus barrios«, agregó en referencia a la decisión del Gobierno porteño de instalar cárceles modulares en Barracas, Chacarita y Saavedra para «desagotar» las comisarías y alcaidías superpobladas.
Además de la incorporación de la reiterancia, la norma aprobada también incluyó otras dos modificaciones al CP porteño. La primera es la obligación de los tribunales de comunicar a Migraciones cuando una persona extranjera reciba una sentencia condenatoria, lo que busca acelerar los procesos de deportación. La segunda modificación es la incorporación de la figura del «allanamiento de urgencia«, que da potestades a la Policía de la Ciudad para realizar allanamientos de forma autónoma.
El articulado aprobado estipula que la fuerza porteña podrá hacer un allanamiento sin previa orden judicial cuando, entre otros puntos, haya «indicios manifiestos de comisión de un delito» o «se tenga sospechas fundadas» de que en el domicilio hay un menor de edad que corre peligro o en casos de personas víctimas de violencia de género. Otro motivo estipulado es la denuncia «de forma verosímil» de que «una o más personas extrañas han sido vistas
mientras se introducían en una casa o local». El texto fue cuestionado por la oposición por su laxa redacción, que otorga a las fuerzas policiales la potestad de decidir sobre ese tipo de allanamientos, sin control de la Justicia.
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